El Grupo Municipal de VOX ha solicitado que se elabore un estudio del impacto socioeconómico y un informe de medidas alternativas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para tener en consideración la actual coyuntura económica de los granadinos y poder implantar medidas compensatorias para los negocios y particulares afectados por las restricciones en la movilidad de los vehículos.
Beatriz Sánchez Agustino, portavoz de VOX, ha insistido en que «la ZBE posee un claro afán recaudatorio y constituye una medida de presión contra los vecinos de Granada que atraviesan una situación económica muy complicada, y pocas familias con un sueldo medio pueden permitirse comprar un coche eléctrico, por lo que serán los ciudadanos con las rentas más bajas quienes van a sufrir en sus bolsillos esta medida y, por ello, proponemos una compensación a los afectados como puede ser una reducción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica». A su vez, “nos sorprende la cantidad de ayudas para implantar la Zona de Bajas Emisiones y, sin embargo, no hay ayudas directas para los que van a sufrir las consecuencias de estas restricciones”.
Por otra parte, «queremos dejar muy claro que el diseño de la zona de bajas emisiones ha sido impuesto, sin que se haya aprobado jamás, por mucho que quieran hacerlo creer la concejal delegada -Raquel Ruz- como el señor Díaz -portavoz del grupo Municipal del PP-”. Así, “esta propuesta de implantación de la ZBE no se ha aprobado ni en el Observatorio de la Movilidad ni en ningún otro ente, por lo que realmente no hay consenso”. Nos referimos a lo que ocurrió hace escasos días en la reunión de la concejal delegada con los vecinos del Realejo “en la que expresaron al equipo de gobierno quejas y reclamaciones por la imposición de estas medidas», se ha revelado Beatriz Sánchez Agustino.
En VOX «nos planteamos muchas dudas en torno a la ZBE y las medidas que se están adoptando, dado que aún no se ha aprobado el reglamento para aplicar la Ley”. Por otro lado, “también nos genera inquietud -y así se manifestó en el Observatorio de la Movilidad- la judicialización que ya se ha producido en distintas ciudades de España como Madrid o Barcelona, ciudad donde la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones fue anulada”.
La portavoz de VOX, además, ha recordado que “se tienen que modificar muchas ordenanzas municipales para implantar la ZBE que afectan, entre otras, a la zona ORA de aparcamiento en vía pública, el acceso a carriles restringidos, la zona de carga y descarga, taxis, transporte escolar e incluso las ordenanzas fiscales”.
