Pamplona, 28 de septiembre de 2026. El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez Román, ha registrado una moción para su debate en el pleno ordinario del 2 de octubre en la que insta al Gobierno de España y a las administraciones competentes a detener las políticas de inmigración masiva, iniciar la repatriación de quienes hayan entrado de forma irregular y derogar el Real Decreto 180/2026, que regula la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de extranjeros sin residencia legal. La iniciativa argumenta que la presión migratoria, unida a la infrafinanciación y a la gestión autonómica, ha llevado al límite a la sanidad y a la educación públicas.
En la exposición de motivos, el texto sostiene que “colapso y saturación son el estado habitual” de centros de salud, hospitales y aulas, y que quienes más lo sufren son “los españoles, especialmente los más humildes”. El documento enlaza esa situación con el aumento de la inmigración en las últimas décadas y cita, entre otros episodios recientes, la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio de 2026.
“Los navarros sostienen con sus impuestos unos servicios a los que luego no pueden acceder en tiempo y forma. La escuela y la sanidad públicas están al límite y eso no se explica solo por la gestión: hay una presión asistencial y educativa que ha crecido al ritmo de unas políticas de efecto llamada que no tienen fin”, afirma Emilio Jiménez, que relaciona el diagnóstico de la moción con las listas de espera de Osasunbidea y con los últimos resultados de PISA en la Comunidad Foral.
Un sistema con recursos limitados
La propuesta de resolución pide a la Cámara que declare la “gravedad” de las consecuencias de la inmigración masiva sobre los servicios públicos —saturación, pérdida de calidad y empeoramiento de las condiciones laborales— y que reconozca que los recursos de las administraciones “están alcanzando su límite material” y resultan “insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española”.
En sanidad, la moción recuerda el Real Decreto-ley 7/2018, que restableció la atención con cargo a fondos públicos a extranjeros no registrados ni autorizados a residir, y el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, que homogeneiza el procedimiento de reconocimiento de ese derecho. VOX considera que esa normativa “equipara” a quienes llevan años cotizando con personas recién llegadas de forma irregular y “universaliza un servicio colapsado”.
El texto cita además datos obtenidos por VOX en las Cortes Valencianas: la atención a inmigrantes en situación irregular entre 2018 y 2025 habría costado 555,1 millones de euros en aquella comunidad, con 212,9 millones en Atención Primaria y 168,5 millones en hospitalización. El gasto farmacéutico de ese colectivo habría pasado de 1,69 a 10,66 millones de euros. El grupo pide que Navarra publique cifras equivalentes.
En Navarra, las listas de espera han ocupado el debate sanitario durante 2026. En julio se contabilizaron 64.235 pacientes a la espera de una primera consulta con especialista —2.202 más que el mes anterior— y 10.234 pendientes de intervención quirúrgica. La demora media para esa primera consulta se situó en 83 días. A escala estatal, el Ministerio de Sanidad cifra en 853.740 los pacientes en lista quirúrgica a cierre de 2025, con una espera media de 122 días; Navarra aparece entre las comunidades con mayor demora para especialista.
“Llevamos años con las mismas listas de espera, aumentan los plazos y las personas se desesperan. Hay dinero, pero no hay una planificación que ponga primero a quien sostiene el sistema. Navarra no puede convertirse en el hospital de África mientras un navarro espera tres meses para ver al especialista”, sostiene Jiménez, en línea con intervenciones previas del grupo en el Parlamento foral.
Cambio de política migratoria
El punto central de la moción insta al Gobierno de España a “cambiar la política inmigratoria” e iniciar la repatriación de quienes hayan entrado ilegalmente; la deportación de inmigrantes legales que cometan delitos graves, hagan del delito leve su medio de vida o “pretendan imponer un modo de vida y cultura contraria a la nuestra”; y la remigración de extranjeros que vivan de las ayudas sociales.
También pide a las administraciones “frenar las políticas de inmigración masiva” para “asegurar una prestación adecuada y de calidad para todos los españoles”. El grupo vincula esa demanda con la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio y con lo que describe como “indefensión total de las fronteras”.
Educación: inspección, currículos y plazas
En materia educativa, VOX solicita reforzar la Alta Inspección Educativa, estudiar de forma pública la relación entre el deterioro de los resultados y el aumento de la inmigración, revisar los currículos de la enseñanza obligatoria y elevar el prestigio de la escuela pública.
La moción reclama más inversión en infraestructuras escolares, mejores condiciones laborales y retributivas para el profesorado, medidas de seguridad en los centros y la garantía de que “ningún español quede fuera” de la educación pública por falta de plazas o de presupuesto. Propone, además, ayudas directas y bonificaciones fiscales a las familias españolas por comedor, material, uniformes, transporte y extraescolares.
El texto se apoya en el último informe PISA. En Navarra, el 26,70 % del alumnado evaluado en 2025 era de origen inmigrante —cuarta comunidad con mayor proporción—, frente al 17,56 % de 2018 y el 20 % de 2022. Los alumnos nativos obtuvieron 488 puntos en Ciencias frente a 449 del alumnado de origen extranjero; 479 frente a 429 en Matemáticas; y 453 frente a 427 en Lectura. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha señalado ese cambio de composición, el desconocimiento del idioma en una parte del alumnado recién llegado y las matriculaciones fuera de plazo como factores relevantes, aunque ha precisado que PISA no es un estudio causal.
“En Navarra uno de cada cuatro alumnos evaluados en PISA es de origen inmigrante y las diferencias de rendimiento son claras. Eso no es un prejuicio: es lo que dice el propio informe. Si no se atiende el idioma, las ratios y la calidad de los contenidos, se carga el aula sobre el profesor y se empuja a las familias a pagar extraescolares o a buscar plaza privada”, indica Jiménez.
Sanidad: derogación del decreto y prioridad asistencial
En el bloque sanitario, la moción insta a derogar el Real Decreto 180/2026; a vincular con carácter general el acceso al sistema sanitario a la residencia legal, “atendiendo siempre” las emergencias vitales y la atención inmediata; y a combatir el “turismo sanitario” desde todas las administraciones.
Reclama atender “de forma urgente y prioritaria” las necesidades de personal, financiación y medios del Sistema Nacional de Salud y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, “tras años de abandono, falta de inversión y saturación”. Pide acabar con la “opacidad informativa” y publicar “todos los datos” sobre el impacto y el coste de la inmigración irregular en ambos sistemas.
El último punto exige garantizar la calidad asistencial de pacientes vulnerables —edad avanzada, enfermedades graves o crónicas, cirugías recientes, discapacidad o historial psiquiátrico grave— y eliminar trabas que retrasen esa atención.
“El colapso no es abstracto: son listas que no bajan, profesionales precarios y familias que se van a la privada porque la pública no da abasto. Si no se pone coto al efecto llamada y no se dice con claridad quién tiene derecho a qué, el sistema de salud de Navarra seguirá deteriorándose”, concluye Jiménez.
