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VOX pide que se refuerce la seguridad en la zona Norte-Sierra ante el incremento de okupaciones

Vox pide “que incremente la vigilancia de policía local en la zona y que a través de la Junta Local de Seguridad, coordine las actuaciones necesarias para evitar que sigan aumentando las ocupaciones de viviendas porque aunque es un asunto que afecta a toda España, el problema se esta yendo de las manos en Córdoba y tiene que tomar medidas”, así lo ha hecho desde el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, su viceportavoz, Rafael Saco.

Rafael Saco, viceportavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido hoy al alcalde José María Bellido, “que refuerce la seguridad en la zona Norte-Sierra ante la oleada de okupaciones que no cesa”. Saco ha realizado estas declaraciones tras recibir peticiones de vecinos de que por parte del Ayuntamiento “se actúe en lugar de mirar para otro lado porque se sienten solos y desamparados ante unos hechos que dificultan la convivencia en la zona y que además les hace vivir con miedo.”

Para Saco, “por este asunto y por otros que también nos preocupan relativos al incremento de la inseguridad y de ciertos delitos en Córdoba, Vox pide que se convoque de manera urgente la Junta Local de Seguridad para coordinar recursos y actuaciones, algo que ya hemos solicitado varias veces al gobierno municipal y que debía haberse hecho en julio, según nos respondieron la última vez, sin que hasta el momento tengamos conocimiento de que exista una fecha cierta para dicha convocatoria que debe producirse cuanto antes”.

Desde VOX, “sabemos que este problema no es solo de Córdoba y lamentamos que se culpe a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de no actuar cuando los vecinos les llaman porque el problema no son ellos, son las leyes que tenemos que son a veces laxas con los delincuentes e injustas con los honrados como estamos viendo en el caso del hombre de Ciudad Real que por defender su casa y su vida, está en la cárcel con 77 años”.

Saco concluye recordando que “VOX ha exigido el endurecimiento de la legislación con el objetivo de permitir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuar de manera inmediata contra quienes cometen este tipo de prácticas delictivas, penas de hasta cuatro años de prisión para los okupas yampliar los derechos de los propietarios para garantizar su seguridad y realizar un control férreo sobre las mafias que actúan de manera impune”.