VOX ha presentado, tanto en las Cortes de Castilla y León como en la Diputación Provincial de Segovia, una iniciativa relativa a la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V-16 ante la falta de evidencia suficiente sobre sus beneficios para la seguridad vial. En la institución provincial, la moción se debatirá en el próximo pleno del mes de diciembre.
VOX considera que esta medida, regulada por el Real Decreto 159/2021 y la Instrucción MOV 2025/1 de la Dirección General de Tráfico (DGT), impone una carga económica innecesaria a millones de familias y empresas españolas en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida, sin que exista una justificación técnica sólida ni estudios independientes que acrediten su eficacia real en materia de seguridad vial.
La formación denuncia, una clara desigualdad normativa. La procuradora de VOX por Segovia en las Cortes de Castilla y León, Susana Suárez, ha explicado que se trata de «una medida que solo se impone en España, para los vehículos matriculados en nuestro territorio; quienes circulen con vehículos matriculados en el extranjero no tendrán este problema».
Asimismo, desde VOX denuncian la incapacidad del Ejecutivo para ayudar a las familias españolas en momentos económicamente difíciles. «La obligación de utilizar la baliza V-16 impone una carga económica injustificada para los segovianos, que ya tienen bastantes problemas como consecuencia de las políticas de este Gobierno y del bipartidismo», ha señalado el diputado provincial de VOX, Pedro Varela.
En la iniciativa presentada, han puesto de manifiesto la deficiente comunicación del Gobierno sobre esta norma: una gran parte de los conductores desconoce su entrada en vigor y las sanciones asociadas, lo que está provocando la compra de dispositivos no homologados y el consiguiente riesgo de multas. A ello se suman importantes dudas técnicas sobre la visibilidad real de la baliza, su ineficacia en vehículos industriales, su dependencia de la conectividad móvil y su comportamiento en condiciones climatológicas adversas.
Además, desde la formación alertan de que esta obligación puede fomentar conductas contrarias a los protocolos de seguridad vial, como permanecer dentro del vehículo tras una avería, lo que incrementa el riesgo de accidentes graves.
Varela ha denunciado que «en Segovia hay unos 115.000 vehículos matriculados. Si se tiene en cuenta un coste medio de la baliza de unos 30 euros, gravados además con un IVA del 21 %, esta medida supone al menos 600.000 euros que el Gobierno detrae directamente de los bolsillos de los segovianos, para, además, ponerlos en peligro por la menor visibilidad de las balizas frente a los triángulos de emergencia».
Por todo ello, VOX solicita que tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación Provincial de Segovia insten al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad de la baliza V-16, mantener el uso de los triángulos de emergencia, garantizar que ninguna norma incentive prácticas peligrosas, impulsar ayudas para la renovación del parque automovilístico sin imposiciones ideológicas y poner fin a normativas con una finalidad meramente recaudatoria que no redundan en el bienestar de los españoles.
