El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Antonio Duarte, ha presentado en el Pleno de enero una moción en defensa de la vivienda y contra la ocupación ilegal de viviendas y edificios de titularidad municipal. En la moción de VOX se articulan una serie de propuestas para “conseguir un Pinos Puente libre de okupas”, según ha señalado Duarte.
En el escrito presentado, VOX Pinos Puente deja claro que vivienda constituye un bien social que permite la realización de la persona como individuo y como miembro de una familia y de la sociedad.
La ocupación ilegal de viviendas es un drama a raíz de la escasa protección jurídica que se ofrece a los propietarios y a la defensa que se hace de los delincuentes.
Diferentes barrios de Pinos Puente han visto cómo diferentes espacios se han convertido en sumideros de delincuencia, adicciones e inseguridad. El problema de la okupación ha llevado a estas familias el problema de tener que lidiar con el miedo sobre ellos y sus hijos donde antes no había preocupaciones sobre la seguridad.
Por otra parte, hay que proteger los edificios municipales de la lacra de ser ocupados de manera ilegal. Las administraciones, también locales, tienen en el ámbito de sus competencias el deber de proteger los edificios de titularidad municipal, especialmente los destinados a viviendas de protección social, para que puedan ser puestos a disposición de las familias que legalmente concurren a su ocupación o, en su caso, para que puedan destinarse a ofrecer los servicios correspondientes a los vecinos.
La obligación de la actuación municipal debe orientarse a más ámbitos dentro de sus posibilidades. Por un lado, es necesario dotar de más recursos a la Policía Municipal, así como mejores protocolos de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e intervención inmediata tan pronto se tenga conocimiento de una situación de ocupación ilegal. Por otra parte, el padrón municipal debe dejar de ser una vía para la regularización y cronificación de facto de la situación de usurpación, sino precisamente una herramienta de localización de okupas y de limitación de su acceso a ningún tipo de ayuda pública vinculada al empadronamiento.
Las instituciones públicas deben ser ejemplares en el cumplimiento de las leyes y, a fin de asegurar la defensa de la propiedad privada y garantizar una vivienda digna para los ciudadanos, especialmente a los más necesitados, los ayuntamientos deben responsablemente poner en funcionamiento todos los mecanismos de los que dispongan a su alcance.
