VOX en las Cortes de Aragón plantea la exclusión del uso del denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General de la Comunidad autónoma. Así como de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados, o dependientes de la misma. La iniciativa la ha registrado la portavoz adjunta, Carmen Rouco.
El grupo parlamentario propone “no destinar partidas presupuestarias a actividades que promuevan otras interpretaciones en clave ideológica distinta a los criterios lingüísticos establecidos por la RAE. Dichas actividades comprenden cursos de formación, talleres o charlas de sensibilización”, ha señalado Carmen Rouco.
Eliminar sesgo ideológico
La diputada de VOX ha recordado cómo, en su informe sobre el uso del lenguaje inclusivo la RAE parece decantarse por la evolución natural de la lengua española. “Sin necesidad de recurrir a imposiciones ni recomendaciones con base en razones ideológicas”, ha reiterado.
De hecho, señala Rouco, “la RAE se opone a la imposición arbitraria del lenguaje inclusivo dirigida desde instancias alejadas del hablante común. Y cuyas motivaciones son de tipo, más bien, ideológico: grupos de presión, instituciones públicas, partidos políticos, u organizaciones de la sociedad civil”.
VOX defiende que las Administraciones Públicas, y en concreto las Cortes de Aragón, deben utilizar el lenguaje con neutralidad y respeto a las normas gramaticales. Que son las que dicta la Real Academia Española. Y eliminar el sesgo ideológico que se pretender imponer a la sociedad.
En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley, el grupo parlamentario señala que no parece que el lenguaje inclusivo coincida con los principios de actuación de la Administración Pública. Más bien, lejos de ser un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos, representa un fenómeno obstructivo a favor de tendencias de cariz ideológico que incomoda la fluidez de la interlocución, escrita o verbal, entre emisor y receptor.
Finalmente, VOX critica la carrera desenfrenada en las Administraciones Públicas para imponer un “neo lenguaje” en aras de una supuesta “igualdad”. Un uso que destruye nuestro idioma común, el español. Y que produce enfrentamientos, mediante una semántica supuestamente “progresista” dentro de la llamada “ideología de género”.
