VOX planteaba impulsar un plan integral de mejora de la eficiencia en la Administración Autonómica. El grupo parlamentario ha defendido una Proposición no de Ley de medidas de reducción del gasto ineficiente e innecesario de la administración aragonesa. Pero se ha quedado solo en su plan de medidas de reducción del gasto ineficiente e innecesario de la administración aragonesa.
Tal y como ha explicado el diputado Fermín Civiac ese plan integral incluía:
- La digitalización y automatización de procesos administrativos, de todos los Departamentos, sociedades públicas y entes dependientes del gobierno de Aragón, con el fin de optimizar la utilización de recursos humanos y materiales, mejorando la calidad de los servicios públicos y reduciendo los costos administrativos.
- La centralización de compras y contratos públicos, aprovechando las economías de escala para reducir los costos y mejorar la eficiencia en la adquisición de bienes y servicios esenciales.
- La simplificación administrativa y la reducción de duplicidades entre la administración autonómica y los entes locales, promoviendo una mejor coordinación interadministrativa para evitar solapamientos y esfuerzos redundantes.
- La auditoría periódica de los programas de gasto social, sanitario y educativo, con el objetivo de identificar áreas de ineficiencia y proponer mejoras que permitan reducir costos sin comprometer la calidad de los servicios.
- La elaboración de un informe que identifique todas aquellas leyes autonómicas ineficaces que sólo añaden burocracia y gasto superfluo para su inmediata derogación.
Otras medidas
La medida planteaba también el fomento de la colaboración público-privada en áreas específicas en las que pueda contribuir a mejorar la eficiencia del gasto, sin que ello implique una pérdida de control sobre los servicios esenciales que deben seguir siendo públicos y accesibles a toda la ciudadanía.
También una auditoría para identificar todos los organismos superfluos que dependen de los fondos públicos y que realizan funciones duplicadas o inútiles para su inmediata disolución o absorción por otros departamentos.
O implementar mecanismos de evaluación y control continuos sobre las políticas de optimización del gasto público, asegurando que los recursos liberados se reinviertan en servicios prioritarios como la sanidad, la educación y el bienestar social.
Asimismo, establecer un Plan de Revisión de la Efectividad de los Programas Sociales, fijando objetivos cuantificables e indicadores de desviaciones, que permitan redefinirlos o eliminarlos en función del cumplimiento eficiente y eficaz de estos.
Y, finalmente, establecer canales de consulta y participación ciudadana para asegurar que las reformas emprendidas en la administración pública respondan a las necesidades reales de los aragoneses y respeten los principios de equidad, sostenibilidad y eficiencia.
