“¿Está el Ayuntamiento de Huelva poniendo todos los medios necesarios para evitar la venta ilegal de productos perecederos en el mercadillo de los domingos de Marismas del Polvorín?”. Esta es una de las preguntas que el Grupo Municipal VOX lleva al Pleno del próximo miércoles al objeto de que sea respondida por el equipo de Gobierno local.
Tal y como explica el portavoz de VOX, Wenceslao Font, “hemos recibidos varias denuncias de comerciantes de productos perecederos relativas a la proliferación que se está produciendo últimamente de la venta ilegal de este tipo de mercancías en el mercadillo de los domingos en Marismas del Polvorín”.
Según los comerciantes, este tipo de venta, que no cuenta con ningún tipo de licencia municipal ni tampoco ofrece garantía alimentaria alguna, “si no se controla puede llegar a suponer hasta un 10% de la venta total del sector, al tener la posibilidad de ofrecer unos productos a un coste mucho menor que el que pueden registrar en cualquier establecimiento regulado y que según los casos puede llegar hasta un 50% de diferencia”.
Según estas denuncias, la proliferación en el mercadillo de Marismas del Polvorín, al parecer está ya empezando a crear un perjuicio significativo a los comerciantes tradicionales que pagan los impuestos necesarios para mantener sus establecimientos abiertos y que tienen que pasar controles y registros periódicos de Sanidad.
Además, tal y como recuerda el concejal, este tipo de productos que se comercializan sin control de forma ilegal “pueden suponer un serio riesgo para la salud de los consumidores, así como también una pérdida de cualquier tipo de garantía que deba ofrecer el producto”.
Unos productos que en muchos casos tienen una procedencia dudosa, ya bien sea robada o rebuscada, por lo que existe un alto riesgo adicional de haber sido tratados o curados con algún tipo de producto fitosanitario dañino para la salud; a lo que habría que añadir el hecho de que normalmente la actividad se realiza desde furgonetas expuestas al sol durante horas sin ningún tipo de protección ni refrigeración.
La actividad de venta de alimentos al consumidor final es una competencia municipal, por lo que, en palabras de Wenceslao Font, “el Ayuntamiento tiene la obligación de poner los medios necesarios y el mayor celo posible en controlar este tipo de actividades ilegales, que no solo pueden afectar a la salud, sino que suponen una competencia desleal que daña seriamente a nuestro comercio minorista tradicional, pieza fundamental en la dinamización y el desarrollo económico de nuestra ciudad”.
