Vox quiere conocer los motivos del Gobierno para no incluir en los PGE de 2022 la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, así como si se plantea encomendar la finalización de dichas obras a la Junta de Andalucía, toda vez que la Administración autonómica se ha ofrecido para hacerlo.
En una pregunta registrada en el Congreso, el diputado nacional de VOX por Huelva, Tomás Fernández Ríos, recuerda que la provincia onubense, “pese a tener superávit de reservas hídricas, sufre limitaciones en el suministro, ya que este depende en un 90% de la infraestructura denominada Chanza-Piedras-Machos”, que transporta el agua recogida en la zona occidental de la cuenca del Guadiana al resto de la zona sur y oriental de la provincia, que es donde se produce el mayor consumo urbano, agrícola, industrial y turístico.
“Dentro de toda esta infraestructura, cobra una especial relevancia la construcción de la Presa de Alcolea, fundamental para el desarrollo de la provincia y especialmente para la Campiña, el Andévalo y el Condado”, recuerda el diputado. No en vano, el objetivo de dicho embalse es aprovechar los recursos hidráulicos de la cuenca del río Odiel para complementar el agua que proviene del sistema Chanza-Huelva y que se destina al abastecimiento de la costa onubense, así como a la industria y a los regadíos de la provincia.
El proyecto (aprobado en 2011) cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental desde 2012 y se inició en 2014, pero las obras se paralizaron en el 2017, cuando se encontraban al 22% de ejecución, entre otras cosas por las dudas que ofrecía la calidad del agua que en el futuro embalsará dicha presa.
Según diferentes informes de expertos, no existen inconvenientes para reanudar las obras de la presa de Alcolea en cuanto a la calidad del agua se refiere, ya que la construcción de esta infraestructura es compatible con la evaluación de impacto ambiental de las obras y que, además, la puesta en marcha de la presa contribuirá a mejorar la calidad del agua embalsada.
“Entre otras medidas que incidirían en este aspecto, se encuentran la corrección de lixiviados procedentes de minas abandonadas y la función que ejercería la infraestructura en cuanto a contención de posibles vertidos al cauce procedentes de minas actualmente en explotación o que pudieran sumarse en el futuro”, apunta Fernández Ríos.
Para el Diputado de Vox, “el Gobierno no tenía excusa para no seguir adelante con este proyecto, que es fundamental para la provincia de Huelva y que regulará anualmente unos 200 Hm3 de agua en el río más caudaloso de la provincia onubense”.
Sin embargo, el Gobierno no ha incluido en los PGE partida alguna para esta obra, mientras que la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias sobre la explotación y calidad del agua en la provincia -conjuntamente con los usuarios de la Junta Central de Usuarios de Alcolea y Acuífero de Niebla y con la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu)- se ha ofrecido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para desbloquear y terminar de ejecutar por su cuenta las obras tanto de la presa, como del canal y regadíos.
Así, los promotores de la provincia están comprometidos en una colaboración público-privada con la Junta para concluir las obras y abonar el canon del agua para la recuperación de los costes, según se desprende del Convenio de Regulación de 18-5-2007. En un escrito remitido al Ministerio de Transición Ecológica, los futuros usuarios del agua de la presa de Alcolea, han manifestado su compromiso a consumir el agua embalsada y pagar los costes que se deriven del 50% de la obra y aquel que les pueda corresponder por su futura explotación. De ahí a la pregunta planteada por Fernández Ríos.
