Rocío De Meer y Carlos Fernández Roca

VOX pregunta al Congreso por los atascos de la A-7 y el AVE

Los diputados nacionales de VOX registran dos preguntas al Congreso referentes a los colapsos en la A-7 y las obras del AVE

Los diputados nacionales de VOX por Almería, Rocío De Meer y Carlos Fernández-Roca, han realizado una serie de preguntas al Congreso de los Diputados referentes a las comunicaciones en la provincia.

Teniendo en cuenta la situación de colapso en la autovía A-7, entre los enlaces de Roquetas y el acceso de Bayyana, VOX pregunta al Gobierno, qué actuaciones va a llevar a cabo para solventar esta situación. Miles de usuarios habituales, mayormente de la zona de Roquetas de Mar y Aguadulce, padecen retenciones importantes en la A-7. Se trata del tramo con mayor densidad de la provincia, con un tráfico de unos 50.000 vehículos al día. Por todo esto, VOX considera urgente que el Gobierno tome medidas para resolver esta situación que ha empeorado desde que el pasado 31 de diciembre se cerrara la Carretera Nacional 340.

En cuanto a las reivindicaciones de los almerienses de la llegada del AVE a la provincia y que ningún gobierno ha resuelto hasta la fecha, VOX pregunta al Congreso: ¿Cuándo tiene previsto iniciar las actuaciones para llevar a cabo la conexión de Alta Velocidad con Almería?

Se alega que teniendo en cuenta las mejoras de las cifras de Almería como destino turístico, superando ya el millón cuatrocientos mil turistas, un 6,6% más con respecto al año anterior, en Almería sigue existiendo una barrera para el sector turístico, que son las comunicaciones que hoy en día siguen siendo muy deficitarias.

El Ministerio de Fomento se comprometió en el 2017 a llevar a cabo las obras publicas necesarias para traer la alta velocidad a Almería, que además de ayudar al sector turístico sería muy necesaria para otros sectores económicos que se ven muy perjudicados por las deficiencias en las comunicaciones de la provincia.

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.