El pasado 19 de mayo, Tomás Fernández del Río, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Alberto Rodríguez Almeida, Mireia Borrás Pavón, María Ruíz Solás, Francisco José Contreras Peláez, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver, Pedro Jesús Requejo Novoa y Macarena Olona Choclán – en su calidad de diputados y portavoz adjunta respectivamente del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX)- solicitaron al actual gobierno respuesta por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿Quién y por qué motivo se solicitó un informe nuevo a la Abogacía del Estado en 2018, disponiéndose ya de un informe previo favorable? ¿A qué se debe el cambio de criterio de la Abogacía del Estado?
2. Considerando que el Gobierno tenía dos informes contradictorios de la Abogacía del Estado, y que ninguno de ellos era vinculante, ¿por qué se decidió hacer caso a uno de ellos ignorando el otro? ¿El allanamiento en el procedimiento judicial responde a una motivación política?
3. ¿Ha estimado el Gobierno el impacto negativo que tendría el cierre de la planta para el empleo y la economía de Galicia, especialmente para el sector forestal?
4. A la vista de las inversiones ya realizadas por la empresa, en caso de que la sentencia determine que la prórroga no se concedió conforme a derecho, ¿Ha estimado el Gobierno la indemnización a la que tendría que hacer frente en concepto de responsabilidad patrimonial?
5. Puesto que los terrenos en los que se asienta la planta han perdido sus condiciones naturales de dominio público marítimo-terrestre, ¿ha estudiado el Gobierno la posible desafectación de los terrenos y su enajenación?
6. ¿Ha estudiado el Gobierno el traslado de la planta a alguna ubicación alternativa en Galicia? ¿Ha estimado el gobierno el coste de dicho traslado?
7. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para que el traslado o cierre de la planta no tenga impacto negativo en el empleo, en el sector forestal y en la economía de toda Galicia?
El GP VOX ha realizado estas preguntas, por iniciativa de VOX La Coruña, basándose en el hecho de que aún cuando la empresa ENCE vio prorrogada su concesión en enero de 2016 hasta el año 2073, tras la llegada del Gobierno del PSOE, la Abogacía del Estado emitió un nuevo informe, en este caso negativo, que sirvió de excusa al Gobierno para allanarse en los procedimientos judiciales promovidos por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación para la defensa de la ría de Pontevedra y Greenpeace de España contra la prórroga y que actualmente están en la audiencia Nacional.
Así mismo, según información de la prensa, la empresa ya ha invertido 132 millones de euros en eficiencia y en mejoras medioambientales desde que le fue concedida la prórroga.
Por otro lado, el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y el BNG en enero de 2020 prevé “el traslado de la planta de ENCE a otro enclave más adecuado medioambientalmente en Galicia”.
VOX La Coruña reitera su compromiso con la defensa del cumplimiento de la ley; con la protección de los puestos de trabajos vinculados con las actividades económicas desarrolladas en Galicia – y en este caso específico relacionados con el sector forestal- y con el resguardo del bienestar económico y social de la población; compromiso que ha mostrado con el desarrollo de diferentes iniciativas desde hace varios años.
