Se estima que unas 30.000 personas cometen en España intrusismo profesional de forma continuada tal y como han puesto de manifiesto los presidentes de colegios de médicos y expertos en derecho sanitario.
En la actualidad, cuando se detecta y condena un caso de intrusismo, en la mayoría de los casos con penas que no implican entrar en prisión, el autor «se muda al pueblo de al lado o a la comunidad vecina y sigue ejerciendo hasta que lo pillan otra vez, para lo que pueden pasar años», pues generalmente la gente no denuncia hasta que se produce alguna lesión.
“Hoy en día, ”sale muy barato» cometer intrusismo, pese a los graves riesgos que conlleva para la salud pública, porque la pena de prisión pocas veces se cumple y porque las multas son irrisorias”, ha matizado el senador de VOX, José Manuel Marín, durante su intervención en la Moción por la que se insta al Gobierno a promover la revisión del tipo penal del delito de intrusismo, recogido en el artículo 403 del Código Penal, regulando de forma específica el intrusismo sanitario, así como a estudiar una figura agravada para el mismo en periodo de crisis sanitaria, quien ha reconocido que es “un disparate si lo comparas con otros delitos como el acceso no autorizado a una historia clínica, que conlleva penas de entre uno y cuatro años de prisión”.
“Asimismo, la alerta sanitaria ha hecho a nuestra sanidad más vulnerable frente a posibles casos de intrusismo laboral por las contrataciones provisionales llevadas a cabo, la realización de altas colegiales por vías telemáticas, susceptibles de falsificaciones o alteraciones”, ha comentado Marín, presentando una enmienda de modificación en el sentido de exigir al Gobierno la revisión y actualización del art. 403 del código penal para adaptarlo a la gravedad del delito cometido por poner en grave peligro nuestra salud.
