Los grupos municipales de VOX en los ayuntamientos de Armilla, Alhendín, Ogíjares, Las Gabias y Churriana de la Vega, así como el grupo provincial en Diputación de Granada, han presentado una moción en rechazo a la construcción de un campamento de inmigrantes en terrenos de la base aérea en el municipio armillero, así como para expresar la «rotunda oposición a cualquier tipo de reubicación en territorio de estas localidades de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo».
Esta iniciativa suma a la anunciada ayer por el Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, que va a registrar una Proposición No de Ley (PNL) “para paralizar la construcción de ese campamento que va a dar acogida a más de 1.200 inmigrantes ilegales” y que el Gobierno de Sánchez pretende levantar en esta zona “sin importarle lo que dice la ley, lo que requiere el orden, olvidándose que hay fronteras y olvidándose de lo que demandan sus vecinos”.
El comienzo de las obras «es algo inminente» ya que, según lo publicado por los medios de comunicación, «la empresa encargada de la construcción del campamento ha presentado documentación en la que comunica el comienzo de los trabajos en la Base de Armilla, en concreto, en la zona llamada Colonia Dávila. Dicha documentación aporta a su vez un informe del Gobierno de la Nación que señala “centros de inmigrantes” y que presenta una designación presupuestaria de 8 millones de euros con un plazo de ejecución de los trabajos desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de julio de este mismo año».
Desde VOX también apuntan a que “ha sido solo después de conocerse la noticia en los medios de comunicación y tras la disconformidad de los vecinos, cuando el equipo de gobierno del PP en Alhendín convocó un pleno para anunciar que no permitirá las obras, y desde la Subdelegación del Gobierno han dicho que esta ubicación es solo una posibilidad, pero de no hacerse público quizás las obras seguirían adelante”.
«Ante dicha situación, la incertidumbre es la que reina ahora entre los vecinos de la zona que ven como el Gobierno de la Nación maniobra para trasladar a sus municipios a miles de personas de las que desconocen certeramente su origen, sus antecedentes penales y su voluntad de integración. Granada ha recibido ya inmigrantes durante esta larga y cada vez mayor invasión inmigratoria. En octubre de 2023, el albergue de Víznar llegó a acoger a 115 inmigrantes que llegaron desde Canarias y que se sumaron a otros 40. Y algo similar sucedió en Motril, donde hubo un intento en 2018 por parte del Gobierno de la Nación de instalar un centro de inmigrantes. No obstante, los vecinos organizaron movilizaciones para paralizar este centro de internamiento de inmigrantes», se explica en la moción.
La moción registrada, que se debatirá en los próximos plenos de estos municipios y en la Diputación, insta a que «el Gobierno de la Nación tramite de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país, así como que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España acaben con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa». También se solicita a a los gobiernos regional y nacional «poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales».
La iniciativa presentada en Armilla, Alhendín, Ogíjares, Las Gabias y Churriana de la Vega insiste en que «todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública, ya que España, como el resto de Europa, está sufriendo una invasión inmigratoria que pone en grave riesgo el futuro de Europa tal y como la conocemos, y con consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los europeos».
Exposición de motivos de la moción.
«Pedro Sánchez y su gobierno han sido aliados y promotores de todas estas políticas globalistas y del multiculturalismo que sufren directamente los españoles en sus barrios y ciudades, con el aumento de la inseguridad, la precarización de los empleos y la entrada de culturas incompatibles con la nuestra. Así, como ocurre con tantas otras cuestiones, todas las consecuencias de estas nefastas políticas no las sufren aquellos que las promueven desde sus despachos bien protegidos o desde sus urbanizaciones con seguridad privada», expone la moción de VOX.
«La situación actual ha superado cualquier límite posible. Sólo a las Islas Canarias llegaron más de 37.000 inmigrantes ilegales en 2023. Inmigrantes que emprendieron un peligrosísimo viaje arriesgando su vida y que son víctimas de esos políticos, asociaciones y organizaciones internacionales que siguen colaborando activamente con las mafias del tráfico de seres humanos, y que hacen negocio de la tragedia y del buenismo devastador de las élites. Con ello, la cifra total ha llegado a casi 57.000 de inmigrantes ilegales en España, suponiendo un aumento superior al 80% con respecto al año 2022», continúa el texto.
Las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez ante estas oleadas inmigratorias «atentan contra el deber y la precaución que debe tener cualquier gobernante; ya que ha decidido trasladar sin ningún tipo de vigilancia ni control a nuestros barrios y ciudades a miles de personas que han accedido ilegalmente a nuestro país. Así, el pasado tres de abril se publicaba por los medios de comunicación la intención del Gobierno de la Nación de construir un campamento con capacidad para más de 1.000 personas en los terrenos de la Base de Armilla en Granada destinado a instalar a los inmigrantes ilegales que han ido arribando a las Islas Canarias. A pesar del desconocimiento de los ayuntamientos afectados, ya que no existe comunicación oficial por parte del Gobierno, el ministerio de Defensa ha puesto ya a disposición del Ministerio de Inclusión los terrenos señalados para acoger a los inmigrantes».
Desde VOX «consideramos que España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser controlada, adaptada a las necesidades de España, y con capacidad y voluntad de adaptación. Por ello, es necesario que todos los representantes públicos afronten con honestidad y contundencia este gravísimo problema que en muchos lugares de Europa tiene difícil solución, y que en España aún estamos a tiempo de revertir».
