VOX ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el candidato socialista a la Presidencia de Cataluña y ministro de Sanidad durante la pandemia de la Covid-19, por prevaricación, artículo 404 del Código Penal (CP), malversación de fondos y caudales públicos, artículo 432 CP; tráfico de influencias, artículo 428 CP; y Fraude, artículo 436 CP.
La coordinadora Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, sustenta su querella en las «graves irregularidades» en la contratación de servicios y suministros relacionados con la pandemia en España, tras la aprobación del Real Decreto Ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
Siguiendo las directrices del entonces ministro Illa, se celebran «de forma negociada, sin publicidad, y prescindiendo de todo procedimiento administrativo, 56 contratos» por valor de más de 623 millones de euro. Muchos de ellos, «con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno, ni en España, ni fuera del territorio nacional, lo que hace imposible su identificación y localización, hasta el punto de generar serias dudas sobre la misma existencia de los mismos», destaca la formación.
Respecto al importe de los contratos, “en principio” provendrían de las arcas públicas, «sin perjuicio, de que a resultado de la investigación que se abra a consecuencia del presente procedimiento, se ponga de manifiesto que determinadas contratos se pagaron irregularmente con fondos procedentes de la Unión Europea».
La coordinadora Nacional Jurídica destaca que las presuntas irregularidades habrían consistido en «facilitar material defectuoso o invalido para el fin que fueron adquiridos por carecer del mismo en el momento de la contratación, cuando debió ser este el criterio por el que objetivamente supuestamente se adjudicaba cada contrato a esas empresas y no a otras». Así, la empresa «se habría asegurado el contrato y ganaría tiempo para prestar el servicio». Y señala que «al asegurarse el contrato”, también se asegura, en su caso, la oportuna comisión».
Unos contratos que, «se realizaron por parte del Ministerio de Sanidad, con conocimiento y autorización del ministro en todos los casos y por indicación, al menos, del entonces ministro».
La formación que lidera Santiago Abascal ha solicitado al Tribunal Supremo que interrogue a Illa, y la testifical del director del Instituto de Salud Carlos III entre el 13 de marzo y 5 de mayo de 2020; del director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria entre el 13 de marzo y 5 de mayo de 2020, a fin de que pueda identificar a la personas de las secretarías de estado de Hacienda y de Comercio y el comité de expertos que indicó le que le asesoraban en sus decisiones.
Pide también la testifical de Daniel Belmar Prieto, subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras del Ministerio del Interior; la directora de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, entre el 13 de marzo y 5 de mayo de 2020; el Director del ICEX, y el director de la oficina comercial de la embajada de España en Pekín, en el mismo periodo. Y, por último, de la presidente del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega.
En cuanto a la documental, VOX ha pedido que se requiera al Ministerio de Sanidad para que aporte la integridad de los expedientes administrativos de los diecisiete contratos relacionados con la querella; que se libre atento oficio al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, a fin de que se aporte al presente procedimiento copia testimoniada de la primera querella y la ampliación de la misma que presentó VOX.
Solicita, además, que se libre atento oficio al Juzgado Central de instrucción número 2 de la Audiencia nacional para que remita los informes de la UCO incorporados a la causa en relación con la investigación de los contratos realizados con motivo de acopio de material sanitario concretados por el Ministerio de Sanidad y de Hacienda desde el día 14 de marzo de 2020.
Igualmente, VOX pide que se acuerde requerir a los funcionarios integrantes de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE, una vez cumplidos los trámites señalados anteriormente (designación, aceptación y juramento o promesa) a fin de que, una vez recibida la documentación anterior, y previo traslado, procedan a emitir informe acerca de la regularidad en la tramitación de los expediente de contratación, de conformidad con las normas y procedimientos de contratación administrativa aplicables al caso, y del cumplimiento en tales expedientes de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia.
El texto pide asimismo que «se acuerde oficio a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para que proceda a realizar diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos», y que «oficie a la Fiscalía Europea, a fin de que se le haga el oportuno ofrecimiento de acciones conforme a lo prevenido en los artículos 109 y 110 LECrim., dado que han podido utilizarse fondos europeos para soportar las contrataciones referidas en esta querella».