VOX ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la presidente del Gobierno de Navarra, María Chivite; el exsecretario de Organización y exdiputado del PSOE, Santos Cerdán; y el exchófer de José Luis Ábalos, Koldo García, por los delitos de cohecho (arts. 419 y 424.1 y 3 del Código Penal); tráfico de influencias (art. 429 del Código Penal); y organización criminal. Todo ello después de que se conociera el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), -en el marco del conocido como ‘caso Koldo’ que sigue Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal- que destapaba una serie de amaños en las contrataciones públicas en Navarra.
La formación ha dirigido la querella también contra Fernando Agustín Merino, exdirector del departamento de Navarra de Acciona; Pedro López Vera, director general de Obras Públicas; Jesús Polo Soria, presidente de la Mesa de contratación; y los funcionarios, por el momento desconocidos, que hayan participado en la licitación y adjudicación de los contratos objeto de la querella.
El escrito, que ha dirigido la coordinadora Nacional Jurídico de VOX, Marta Castro, se centra en la concesión administrativa y obra de la Mina Muga (Sangüesa); la adecuación de los lotes 4 y 5 del Pabellón Navarra Arena (Pamplona); la concesión de contrato de derribos y adecuación en la Plaza de los Fueros en Milagro; y otros contratos que se habrían visto inflados en precio para asegurar las comisiones ilegales.
Destaca la formación en su querella que Chivite, como presidente de Navarra, es la responsable última, orgánicamente, de las licitaciones y adjudicaciones. Cerdán -titular del 45% de las participaciones de Servinabar, empresa que formaba parte de las UTEs con Acciona, siendo adjudicatarias de obras públicas en Navarra- era el enlace entre el Gobierno de Navarra y los comisionistas y las empresas adjudicatarias, «utilizando su posición prevalente en el PSOE y en el Gobierno actual».
En definitiva, existía un sistema de retribución perfectamente estudiado, repartiéndose las comisiones ilegales. Argumenta la formación, además, que en las conversaciones grabadas y recogidas por la UCO se describen pagos mensuales a Koldo García por parte de empresarios a cambio de asegurar la influencia en adjudicaciones de contratos públicos. Y es que Koldo García desempeñaba un papel central, pues tenía funciones operativas, logísticos, de enlace político y de aseguramiento de influencia en los estadios políticos. «Es la figura de enlace entre políticos y empresarios, siendo especialmente enlace entre José Luis Ábalos y los empresarios de las constructoras implicadas», apunta la querella de VOX.
En cuanto a las diligencias a practicar, Castro ha solicitado la declaración de los querellados en condición de investigados, así como que se ofrezca la declaración voluntaria a Chivite; declaración en condición de testigo a Joseba Antxón Alonso Egurrola y Lorenzo Serena Puig. Pide, además, que se libre requerimiento al Gobierno de Navarra para que de que aporte los expedientes completos de licitación y adjudicación de los contratos referidos en la querella.
También se ha solicitado que se oficie a la UCO para que averigüe y detalle los funcionarios públicos que intervienen en los expedientes referidos en el escrito e incorpore los documentos que acredite su intervención en los mismos, analizando sus resultados. Y, por último, que realice la comprobación patrimonial de las personas querelladas, sus cónyuges y familiares; y la participación de las mismas en sociedades de capital, acordando habilitarles para obtener información de registros, bancos y cuantas entidades consideren oportunas para tal finalidad.