Los senadores de VOX han vetado el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que se discutía hoy en la Cámara Alta, al considerar que el Ejecutivo lo ha presentado por razones demagógicas. «Es un nuevo ejemplo de la falta de sincronía del Gobierno», ha denunciado Jacobo González-Robatto, quien ha añadido que la intención del Gobierno es «perder el tiempo en lo que debe ser su principal obligación: presentar unos presupuestos sólidos que prevean como salir de la crisis más grave que atraviesa España de los últimas décadas, que casualmente, estas siempre hemos tenido la mala fortuna de encontrarnos con ustedes en el Gobierno».
«Este Proyecto de Ley no se cataloga de ingenuidad, sino de mala fe, voluntad precisa de hundir todavía más a los españoles», ha reprochado el senador, quien ha advertido que el objetivo del Gobierno es «llevar a España a la más absoluta ruina». «Para desgracia de todos, lo están consiguiendo», ha lamentado.
Consumidores y pymes, los grandes perjudicados
Durante su intervención, el senador ha explicado al Hemiciclo que los objetivos de recaudación de este impuesto son muy inferiores a los perjuicios que van a provocar: «Desde represalias comerciales a las empresas españolas a mayor coste en los bienes y servicios para todos los españoles y un retraso generalizado en la crecimiento digitalización de las empresas y de los canales».
De hecho, las asociaciones profesionales han dejado claro que los principales perjudicados serán los consumidores y proveedores, porque verán aumentados el coste de sus compras, y las Pymes, porque serán menos competitivas al gravar sus ingresos y, por tanto, su costes, y se abrirá la puerta a otros proveedores no radicados en España.
De hecho, los consumidores españoles tendrán que pagar entre 515 y 665 millones de euros como incremento gracias a este impuesto a los servicios digitales.
El senador de VOX ha recordado también los perjuicios de la unilateralidad que la implantación de este impuesto provocará a España. Así, por ejemplo, EEUU ya lo ha advertido. «Es pública la postura del embajador norteamericano alertándole de las negativas consecuencias de adoptar unilateralmente la tasa Google”.
Inconsistencias jurídicas
El proyecto de Ley adolece de inconsistencias jurídicas y tributarias que el GP VOX en el Congreso ha puesto de forma exhaustiva en su enmienda a la totalidad y petición de retirada del proyecto, según ha recordado el senador.
En el caso del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se están gravando unos ingresos brutos empresariales sin la reducción de los gastos necesarios para su consecución. En este sentido, gravar unos ingresos brutos que, descontados los gastos necesarios para su consecución, podría dar como resultado una diferencia insuficiente, o negativa, para el pago del nuevo impuesto, tendría un carácter claramente confiscatorio, contrario a la Constitución Española y a la Ley 58/2003.
«No es adecuado que una Ley sometida a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica , transparencia y eficiencia —debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados— pueda ser modificada con carácter anua,l según los intereses políticos o necesidades presupuestarias de cada momento», ha expuesto el senador.
Además, ha avisado de que «pPlantear que se puedan cambiar los umbrales cuantitativos, el tipo impositivo del impuesto, o los supuestos de no sujeción al mismo en la tramitación de Presupuestos Generales de cada año supondría echar por tierra todo principio de seguridad jurídica y transparencia, además de dejar en muy mal lugar la imagen de España en el exterior y ante la dirección de las empresas multinacionales que ofrecen los servicios tecnológicos gravado».