El Grupo Parlamentario VOX en la Junta General del Principado ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley LGTBI impulsado por el Gobierno asturiano, al considerar que se trata de una norma “innecesaria, ideológica y profundamente invasiva” que pretende imponer una visión concreta de la sociedad desde las instituciones públicas.
El parlamentario de VOX Javier Jové anunció hoy la iniciativa en rueda de prensa y cargó duramente contra el texto, que parte de planteamientos ideológicos alejados de la realidad biológica y científica, elaborado desde el activismo en lugar de desde criterios técnicos y profesionales.
“Estamos ante una ley subjetivista, una ley sexoplanista que niega la realidad material y biológica. Afirma que el sexo es un constructo social y ha sido elaborada por activistas mientras se excluía a los expertos”, señaló.
El parlamentario aseguró además que las evidencias científicas más recientes y la evolución de la legislación en otros países occidentales cuestionan el enfoque adoptado por el Gobierno asturiano. “Los países que fueron pioneros en estas políticas están reculando a la vista de los nuevos informes científicos y de las nuevas evidencias. Se están dando cuenta de que esto es una auténtica temeridad y de que se está haciendo un flaco favor a adolescentes y jóvenes”, afirmó.
Jové denunció también el carácter expansivo de la norma, que a su juicio extiende sus efectos a prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. “Es una ley absolutamente totalitaria. Lo invade todo: educación, sanidad, cultura, deporte, medios de comunicación, familia, infancia, juventud, servicios sociales, cooperación internacional o administración local. Se entromete en absolutamente todo”, sostuvo.
Entre las cuestiones más preocupantes para VOX, el diputado destacó las obligaciones que la ley impone a empleados públicos, centros educativos, empresas y medios de comunicación. “La ley incorpora planes de formación obligatoria, protocolos internos, sellos de adhesión ideológica y mecanismos de control que buscan imponer una determinada visión del mundo desde la Administración”, explicó.
Jové mostró una especial preocupación por las disposiciones relativas a los medios de comunicación, que a su juicio pueden afectar a la libertad de información y de expresión. “Esta ley incorpora medidas que permitirían exigir la retirada de contenidos por considerarlos contrarios a la ideología oficial que promueve el texto”, afirmó.
VOX también criticó que el proyecto no contemple mecanismos de objeción de conciencia para profesionales sanitarios o docentes y denunció que establezca ventajas específicas en determinados ámbitos para quienes se identifiquen con los colectivos recogidos en la norma. “Es una ley que reconoce privilegios en materia sanitaria, educativa y laboral. Impone discriminaciones para quienes no pasen por el embudo ideológico del Gobierno y condiciona incluso el acceso a subvenciones o contratos públicos”, señaló.
Jové destacó además que el rechazo a la ley ha trascendido ámbitos políticos habitualmente alejados de VOX. “Esta ley ha conseguido algo que nunca pensamos que íbamos a ver: poner de acuerdo a las feministas y a VOX. Cuando el sentido común se impone, es posible coincidir incluso con quienes normalmente mantenemos profundas diferencias”, afirmó.
Jové insistió en que la oposición de VOX no tiene relación con la orientación sexual de las personas, sino con el contenido ideológico de la norma. “No es una ley contra nadie. Nosotros no entramos en la vida privada de las personas. Lo que rechazamos es una ley que impone una ideología destructiva y que constituye una amenaza para la salud de los adolescentes”, subrayó.
