El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Gijón ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), solicitando su devolución al órgano proponente para que sea retirado y reformulado íntegramente al entender que el texto presenta importantes deficiencias en su fundamentación jurídica, técnica, ambiental, económica y social.
«La mejora de la calidad del aire es un objetivo que compartimos y una obligación legal que debe cumplirse. Lo que rechazamos es este modelo concreto de Zona de Bajas Emisiones porque no acredita suficientemente que las restricciones que impone sean necesarias, eficaces y proporcionadas», ha señalado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Gijón, Sara A. Rouco.
La enmienda sostiene que el expediente municipal no justifica adecuadamente el perímetro elegido, las limitaciones al tráfico o el régimen de excepciones, ni evalúa alternativas menos restrictivas que podrían resultar igualmente eficaces. Asimismo, cuestiona que la ordenanza no actúe decididamente sobre las principales fuentes de contaminación identificadas en el propio expediente, entre las que figuran la actividad industrial, el puerto y el tráfico pesado.
«No podemos apoyar una ordenanza que restringe la movilidad de vecinos, trabajadores, comercios y empresas sin demostrar que vaya a producir una mejora ambiental real y medible. Antes de imponer nuevas limitaciones hay que actuar sobre las verdaderas fuentes del problema», ha añadido Rouco.
«No se puede combatir la contaminación castigando a quienes no la provocan. El propio expediente reconoce que el principal problema de la zona oeste está vinculado a la actividad industrial, portuaria y al tráfico pesado. Sin embargo, la Ordenanza termina imponiendo las restricciones a vecinos, trabajadores, comercios y pequeñas empresas», ha recordado la concejal.
VOX también advierte de la falta de una evaluación suficiente del impacto económico que tendrá la medida sobre la actividad comercial y hostelera de La Calzada, así como del coste que supondrá para el Ayuntamiento la implantación y el mantenimiento del sistema de control previsto.
