El Grupo parlamentario VOX Comunidad Valenciana presenta una Proposición no de Ley (PNL) para eliminar la discapacidad como causa legal de interrupción del embarazo.
La Portavoz de VOX CV, Ana Vega, recuerda “que en España hay alrededor de 3,8 millones de personas con diferentes tipos de discapacidad y actualmente el grado de apoyo y protección por parte de todos los sectores de la sociedad es el mejor que se ha conocido en décadas. Sin embargo, se da la paradoja de que la legislación discrimina a estas personas, ya que permite que se les pueda abortar precisamente por presentar una discapacidad.”
Por otro lado, la diputada de VOX, Ángeles Criado, denuncia que “en los hospitales de la Comunidad Valenciana no existe todavía ningún protocolo específico de atención, información y apoyo a las familias que van a tener hijos con Síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, condicionando de esta manera la futura decisión de las familias”. Una de las consecuencias de esta situación es, por ejemplo, el importante descenso de la tasa anual de nacimiento de niños con Síndrome de Down que ha pasado de 16,2 por cada 10.000 nacimientos en España a principio de los años 80, a 4,92 en 2016.
Además, VOX defiende que en el año 2011 el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, recomendó al Gobierno de España “la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el objetivo de eliminar la existencia de un supuesto legal basado en la existencia de una discapacidad en el hijo”.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX pide a las Cortes que insten al Consell a dotar a los hospitales de la Comunidad Valenciana de un protocolo sistemático de atención a las familias que van a tener un hijo con discapacidad, que incluya la facilitación de información a los progenitores sobre todas las posibilidades de tratamiento médico y quirúrgico actualizado de la patología detectada en el feto, así como de todas las prestaciones sociales y asistenciales a su disposición y la de su hijo.
VOX también solicita que el Gobierno de España modifique la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del embarazo para eliminar la discapacidad como causa legal para abortar.