El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería, ha registrado una moción para que se debata en el próximo pleno, instando al Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados para llevar a cabo la reforma legislativa necesaria y declarar el personal de las policías locales como profesión de riesgo y su incorporación, como el resto de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, al reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia por acto de servicio del Real Decreto 1087/2015.
“Llevamos años escuchando a los representantes del colectivo de Policía Local demandar una nueva regulación normativa, declarando obsoleta la actual. Nos argumentan que ejercen competencias más allá de las atribuidas por la legislación vigente que básicamente les configura como una policía administrativa municipal colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, explica Juan Francisco Rojas, portavoz de VOX en el Ayuntamiento capitalino.
Con esta moción VOX insta a la actualización legal para garantizar el ejercicio de esas funciones y dotar de seguridad a los agentes en la prestación de estos servicios. En la actualidad los Cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil que prestan un servicio público esencial que en muchos casos comportan un riesgo evidente para la propia integridad e incluso la vida de los agentes. Esta situación de exposición le equipara al resto de colectivos integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde la formación se atendió a esta demanda generalizada y en febrero de 2020 Macarena Olona presentó una Proposición No de Ley instando al Gobierno a poner fin a la discriminación de estos funcionarios, que se enfrentan a situaciones de enorme peligrosidad, poniendo en juego su propia vida, en el ejercicio de su actividad. Además, pide al Gobierno cambiar la normativa actual y poner fin a la diferenciación de estos funcionarios respecto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos de incapacidad permanente o muerte en el ejercicio de su actividad.
