22 enero, 2020
Los diputados de VOX en la Junta General, Ignacio Blanco y Sara Álvarez Rouco, han anunciado en rueda de prensa que han presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta General del Principado a implantar el ‘pin parental’ en Asturias. La iniciativa se debatirá en el próximo Pleno que se celebrará los días 4 y 5 de febrero en el Parlamento asturiano.
La propuesta de VOX, afirma el portavoz Ignacio Blanco, es un derecho reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución Española donde expresamente dice que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. “Pero además, -continúa Blanco-, no solo lo recoge la Carta Magna, también está reconocido en acuerdos y tratados internacionales como en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 donde explica expresamente que ‘los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos’, o en la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza en su artículo 5 que reconoce ‘la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones”.
El ‘pin parental’, tal y como recoge la Proposición No de Ley (PNL), “es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos, con tal instancia se solicita a la dirección que informe previamente a los padres o a los tutores, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad de sus hijos, de tal modo que cualquier padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y, en base a ello, dar su consentimiento o no para que su hijo asista a dicha formación”.
En su intervención, Blanco ha defendido que “los hijos no son propiedad de nadie, pero los padres somos los máximos responsables de su futuro. No vamos a delegar la mayor responsabilidad que tenemos los padres y las madres en manos del Estado”. “Tanto mi compañera Sara Álvarez Rouco como yo somos padres, y nadie como nosotros, como todos los padres de España se preocupan más por sus hijos. La mayor responsabilidad y el mayor honor que tiene un ciudadano es cuidar, proteger, defender y educar a sus hijos. Nuestra propuesta es de sentido común. No entendemos a qué se debe tanto miedo”. En este sentido, señala Blanco, “si todo es tan normal como asegura la Consejera de Educación, Carmen Suárez, no entendemos que vaya a existir ningún problema por pedir una autorización a los padres cuando además ya se solicita expresamente para asistir a una excursión o para dar permiso para sacar fotos a los hijos. Sin embargo, no se entiende cuando alguien plantea que se pida ante un contenido extracurricular que puede atentar a cuestiones morales. España es muy diversa, no tenemos por qué aceptar los contenidos ideológicos del gobierno de turno, pero ni personas de derechas ni de izquierdas, ni conservadores ni liberales, el ‘pin parental’ es un derecho que nos ampara a todos”, recalca.
Por su parte, la diputada Sara Álvarez Rouco explica que “está claro que la presencia de los comunistas en el Gobierno ha producido una radicalización”. Frente a ello, “la propuesta de VOX, una vez más de sentido común, pasa por no politizar las aulas y dar margen a los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos”, señala.
“En una democracia, -continúa la diputada-, prima la libertad y parece que la llegada al Gobierno de la extrema izquierda lo único que trae son propuestas radicales. Se está maleando y politizando un concepto tan sencillo como que los padres puedan decidir qué es lo mejor para sus hijos. No se pueden apoyar en argumentos tan absurdos como el que ofreció el presidente del Principado, Adrián Barbón, cuando se tomó la licencia de decir que ‘cómo iban a decidir los padres maltratadores lo mejor para sus hijos’. Evidentemente los delincuentes no están capacitados para decidir, pero es que la mayoría de los españoles no son delincuentes y quieren decidir lo mejor para sus hijos y tener libertad en lo relativo a la educación”. A su juicio, “esta censura pretendida contra el ‘pin parental’ por el Gobierno no es un ejercicio de restricción, sino que atenta contra la libertad. Los nuevos gobernantes harían bien en quitarse las anteojeras para tener un criterio más objetivo”, concluye.
