Registra en el Congreso una batería de preguntas y solicitudes de información al Gobierno
El Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), en su compromiso con la dignidad y la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FYCSE), ha presentado en el Congreso una serie de iniciativas destinadas a recabar información relativa a las condiciones laborales, a su presencia en todo el territorio español y a los intentos de politización, entre otras cuestiones.
Así, la secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, insta al Gobierno a responder sobre el “acuerdo para culminar los acuerdos de la transferencia a Navarra de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial”. Un acuerdo suscrito por el Partido Socialista de Navarra con las fuerzas Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra, y que tiene por objetivo que la Policía Foral de Navarra sea referencia en materia de seguridad ciudadana y medio ambiente. Macarena Olona pregunta:
-¿Cuántos agentes integran, en la actualidad, la Agrupación de Tráfico y Seguridad Vial de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra?
-¿Tiene previsto el Gobierno disminuir el número de efectivos de la Agrupación de Tráfico y Seguridad Vial de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra? En caso afirmativo, ¿en qué número?, ¿en qué plazo?, ¿qué salidas se facilitarán a los agentes que, en la actualidad, están destinados en dicha Agrupación y que se vayan a ver obligados a abandonar la Comunidad Foral de Navarra?
El Gobierno dispone de 20 días, prorrogables a otros 20, para enviar respuesta a esta cuestión, según lo señalado en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Equiparación salarial
Además, y ya en relación con la equiparación salarial prometida por Interior a Policía y Guardia Civil, el GP VOX reclama todos los documentos en poder del Ministerio del Interior que integren el expediente de contratación del contrato de ‘Servicios de consultoría para el análisis de retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’, que fue adjudicado a la consultora Ernst & Young por un importe de 120.516 euros. Se persigue, de esta forma, conocer si Interior ocultó información relevante sobre el proceso de emisión de dicho informe de auditoría.
Esta solicitud de información se produce después de que el GP VOX solicitara, el pasado 31 de mayo, el informe original de la consultora Ernst & Young, que ya obra en poder del Grupo Parlamentario. Ahora, VOX hace una invitación pública a sindicatos y asociaciones para compartir con ellas el análisis de dicho informe sobre equiparación salarial.
Policías voluntarios en el Orgullo
También dirigida al Ministerio del Interior, Macarena Olona ha registrado una solicitud de información sobre el escrito enviado desde la cartera de Grande Marlaska a los directores generales de Guardia Civil y Policía Nacional solicitando la asistencia voluntaria de agentes durante la celebración en Madrid del “Día del Orgullo Gay”, el pasado 6 de julio de 2019.
Así, se reclaman “todos los informes emitidos con ocasión o a raíz de dicha solicitud. En particular, aquéllos que pusieron de manifiesto la ilegalidad del asunto referido en la citada solicitud por ser contrario al principio de neutralidad política que debe regir la actuación de los agentes del Instituto Armado y de la Policía Nacional”.
Ley vasca de abusos policiales
Por último, la secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, solicita a los ministerios de Política Territorial y Función Pública; Presidencia; Justicia e Interior todos los informes que precedieron al acuerdo, en Consejo de Ministros, por el que se solicitó al Presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley vasca de abusos policiales (de nombre ‘Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’).
De manera particular, el GP VOX solicita “todas las comunicaciones electrónicas mantenidas con la Abogacía del Estado (cualquiera de sus Departamentos, incluida la Abogacía General del Estado) sobre el referido desistimiento, antes y después de la adopción del referido acuerdo”.
El Gobierno dispone ahora de 30 días, según lo indicado en el artículo 7 Reglamento del Congreso, para responder a estas solicitudes de información.