VOX reclama al Gobierno de Moreno Bonilla acabar con el “agujero negro” de la okupación en viviendas públicas de la Junta

El portavoz adjunto del GP VOX en Andalucía, Ricardo López, ha exigido al Ejecutivo del PP cumplir con su compromiso de “vetar a aquellas personas que utilizan la okupación en el acceso a cualquier tipo de adquisición de viviendas públicas”, así como a “a llevar a la ley esta medida con carácter disuasorio”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, Ricardo López Olea, ha reclamado al Gobierno de Moreno Bonilla “actuaciones para revertir la notoria situación de okupación de viviendas públicas en Andalucía”, así como “políticas preventivas para evitar que se produzcan más okupaciones en el parque de viviendas públicas de la Junta”.

Según los datos facilitados por la propia administración autonómica, de las 73.489 viviendas que forman parte de su parque de viviendas públicas, 49.058 de ellas en régimen de arrendamiento. De éstas, “tan solo han conseguido verificar 24.011 viviendas, y que de esas verificaciones están okupadas 3.152”, lo que supone un 13% de las viviendas que han conseguido verificar.

A esto hay que sumar la incapacidad del Gobierno del PP tanto para recuperar esas viviendas okupadas, “tienen 1.120 expedientes de regularización nada más, cuando son muchas más las viviendas okupadas y solo han conseguido llevar a término 329”; como el hecho de que únicamente han podido verificar 24.011 viviendas de las casi 74.000 que forman el parque público de viviendas de la Junta, lo que constituye “un agujero negro que no nos permite conocer qué está pasando con el resto de viviendas públicas que no han sido verificadas”.

Como denuncia López Olea, “hay muchísimas familias andaluzas que tienen necesidad de una vivienda, que están esperando y tienen que seguir unos procedimientos administrativos para conseguirla, y son adelantados por estos okupas que logran posición y ventaja sobre ellas”, una situación que “hay que eliminar”.

El parlamentario de VOX ha exigido al Ejecutivo del PP cumplir con el compromiso de su Consejería de Vivienda de “vetar a aquellas personas que utilizan la okupación en el acceso a cualquier tipo de adquisición de viviendas públicas”, así como a “a llevar a la ley esta medida con carácter disuasorio”.