El senador de VOX José Manuel Marín ha reclamado hoy, durante el debate de la Ley de Pesca Sostenible, una norma en la que primern los intereses de España por encima de los partidistas, regionalistas y de sectores empresariales. Y es que, tal y como ha ejemplificado, sólo en la campaña de la Xarda, mientras que un barco asturiano puede capturar únicamente 22 toneladas, uno vasco puede alcanzar las 140 toneladas. «¿Por qué esa diferencia regional, en la que se beneficia a unos y se perjudica a otros?», ha preguntado.
Tal y como ha denunciado, «el perverso sistema autonómico implica privilegios regionalistas» que en este caso beneficia a unos, pescadores vascos, y perjudica a otros, cántabros, asturianos y gallegos. Por ello, ha recordado al Pleno el artículo 128.1 de la Constitución que garantiza que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Porque, tal y como ha reivindicado desde la tribuna del Senado, «los recursos pesqueros son recursos públicos y, por tanto, pertenecen a todos los españoles, sin distinción». Así, el senador ha hecho un llamamiento al ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que «escuche a los pescadores» porque «debemos aprobar criterios de reparto que les permitan sostener sus barcos y sus familias».
El senador ha denunciado que la Ley de Pesca que se debate hoy en el Senado «pretende vincular el uso sostenible de la pesca con la Agenda 2030», en la que «no se contempla un plan de viabilidad para el sector pesquero en España» y «sus decisiones son tomadas de espaldas a nuestros pescadores».
Equilibrio
«En estos últimos siete años hemos perdido 299 empresas, a razón de 43 empresas por año», ha recordado Marín, quien ha advertido de que «la sangría continúa» por la postura de la Comisión Europea, que apoyan «países sin interés en la pesca, que exige, entre otras cosas, una nueva reducción del 7% en las capturas, para los pescadores de la región del Mediterráneo, es decir, 150 días menos al año para poder pescar», ha advertido.
Es decir, la Comisión «no busca el equilibrio necesario entre sostenibilidad ambiental y producción alimentaria, sino más bien, se dirige hacia una sostenibilidad más activista, que no tiene en cuenta los perjuicios que puede acarrear». Y es por ello que «la Comisión Europea ha cerrado 87 áreas para la pesca de forma equivocada, y sin tener en cuenta ni información científica actualizada, ni las consecuencias económicas y sociales de esta medida».
En definitiva, en materia de pesca “debe existir un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la producción alimentaria”. Además, » la elaboración de nuestra política pesquera debe basarse en fortalecer y asegurar la soberanía alimentaria de España, como base de su prosperidad social y económica».