VOX ha registrado una Proposición no de Ley con el objeto de que el Gobierno Vasco presione a las diputaciones forales para unificar criterios e igualar las bonificaciones por el uso habitual de autopistas de pago en la CAV para todos los empadronados en esta región.
Además, urge a las administraciones vascas a incluir en el sistema de bonificaciones el tramo vizcaíno de la AP-68, única vía de pago no sujeta a rebajas por uso habitual, lo que obliga a un importante gasto a vizcaínos que trabajan en Vitoria y otros municipios alaveses y traslada el tránsito de vehículos pesados a carreteras secundarias.
La desigualdad es la tónica general entre usuarios de las vías de pago en el País Vasco. La Diputación de Álava aplica bonificaciones del 60% a los conductores alaveses que de forma habitual se desplazan por la AP-68 entre Vitoria-Gasteiz o Llodio y Bilbao. Esta reducción del peaje a pagar es aplicable a aquellas personas que circulen por dicha vía en más de 15 ocasiones cada mes.
La Diputación Foral de Guipúzcoa bonifica a ciudadanos empadronados en esta provincia por el uso habitual de la AP-8, la Ap-1 y la A-636, en función del número de viajes realizadas cada mes. Así, dichas bonificaciones oscilan entre el 25% por 8 tránsitos al mes, hasta el 75% para aquellos conductores que superan los 20.
Además, la administración foral guipuzcoana ha establecido un tope máximo de 33,37 euros de gasto mensual con tarifas planas para las autopistas de la provincia, de 49,30 euros/mes por circular por autopistas vizcaínas.
Al tiempo, la Diputación Foral de Vizcaya ha establecido un sistema de tarifa plana para sus vecinos por el uso habitual de la AP-8, Supersur y túneles de Archanda (30 euros), mientras mantiene sin bonificar la AP-68 por la que cada día circulan 11.000 conductores de la provincia que trabajan en Álava, con un coste estimado de unos 250 euros al mes.
Los mismos partidos que gobiernan en las diputaciones son los que integran el gabinete Urkuulu, razón por la que no debería ser haber dificultad alguna llegar a acuerdos entre nacionalistas y socialistas para acabar con una situación anómala, con la discriminación de unos ciudadanos con respecto a otros por haber nacido en una u otra provincia.
En este sentido, desde VOX se insiste en que deberían unificarse criterios e igualar bonificaciones para todas las personas empadronadas en la CAV, y acelerar la posibilidad de que los conductores vizcaínos que habitualmente utilizan la AP-68 puedan acceder a las ayudas que sí reciben usuarios de otras vías de pago de la región. Es una demanda vecinal respaldada por miles de firmes de afectados, lo es también de todos los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Vizcaya que, ahora, tendrán la posibilidad de refrendar su posición en el Parlamento Vasco.
