Amaia Martínez, parlamentaria vasca de Vox, ha formalizado la presentación de un recurso contra el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco por discriminar al castellano en las relaciones internas en las administraciones públicas vascas, por pretender imponer la lengua vasca como la de interacción con contratas y subcontratas, por ir en contra de la Constitución Española.
En el recurso Vox sostiene que “existen motivos, tanto de fondo como de forma, para sostener que el Decreto impugnado adolece de vicios de nulidad”, en referencia a la “afectación de los artículos 3 y 14 de la Constitución”, por pretender implantar un sistema “en el que, de forma ilegal, se da preponderancia y prioridad casi absoluta al uso del euskera en detrimento del castellano”, también por la inexistencia o insuficiencia de informes preceptivos para su aprobación.
Vox reclama la nulidad de un decreto que “impone el absoluta orillamiento del castellano tanto en el funcionamiento interno de la administración como en la relación externa de la misma”, que “establece como requisito de acceso y mantenimiento en el puesto de trabajo de función pública unas condiciones de conocimiento de la lengua con plazos de preceptividad inasumibles”, que también afecta a empresas ajenas al sector público al imponer requisitos lingüísticos en la contratación de servicios, “lo que atenta contra la libre concurrencia de empresas en los contratos con la administración del País Vasco”.
“Todo ello prueba que este Decreto atenta contra los dispuesto en la Constitución, norma que reconoce el castellano como la lengua oficial del Estado, que reivindica la igualdad de los españoles ante la ley, rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y, también, lengua”, explica Amaia Martínez.
Y recuerda que en 2023 los tribunales, tanto el Constitucional como el Superior de Justicia del País Vasco, ya fallaron contra el Decreto de normalización del uso del euskera en entidades locales del País Vasco por dar preferencia al euskera frente al castellano en las relaciones internas, con la ciudadanía y con proveedores de servicios ajenos a los ayuntamientos.
En concreto, el TC recordaba en su sentencia que “reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que los ciudadanos tienen derecho a usar indistintamente el castellano o la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma en sus relaciones con el conjunto de las instituciones públicas que se ubican en el territorio de esa Comunidad”, mientras que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco procedió a la anulación de hasta una decena de artículos del decreto en cuestión.
En este caso VOX solicita la nulidad de una quincena de artículos por sólo reconocer al euskera como “lengua propia del País Vasco”, por priorizar a una lengua sobre otra en las relaciones entre funcionarios, por extender sus requisitos lingüísticos fuera de la propia administración, a contratas y subcontratas, por imponer la lengua vasca como la primera opción de relación con la ciudadanía, por negar al ciudadano su derecho a ser él el que decida qué idioma prefiere utilizar.
Además, Vox pone el acento en la insuficiente valoración del impacto económico de un Decreto “que sin duda será notable en la propia administración, en el personal laboral, en el ámbito empresarial de la actividad de contratación y subcontratación, y en las relaciones institucionales”.
El recurso ha sido presentado este pasado miércoles ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, en cuyas manos queda la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por los argumentos anteriormente expuestos.
