El GP VOX Andalucía ha registrado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) al objeto de que se garantice el cumplimiento de la normativa para que los équidos estén correctamente ubicados y controlados, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, una iniciativa que busca que no se vuelvan a repetir sucesos tan trágicos como el fallecimiento de Fuente Clara Cabrera, la joven de 25 años que falleció el 17 de abril de 2024 al impactar el vehículo que conducía contra dos mulos que invadieron la A-484 (Bonares-Almonte).
En la proposición, que ha sido registrada por el diputado del GP VOX Andalucía, Rafael Segovia, junto al portavoz del Grupo, Manuel Gavira, y el padre de la joven, José Antonio Cabrera, VOX plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a “reforzar los dispositivos de control y sanción administrativa y penal a quienes mantengan équidos sin registro, sin vallado, o los liberen en vía pública o terrenos no autorizados en lugares cercanos a la vía pública y las carreteras donde puedan suponer un peligro para la circulación, en coordinación con las entidades locales, la Policía Local, Guardia Civil y Seprona”.
Del mismo modo, solicita al Consejo de Gobierno de la Junta que garantice, modifique y endurezca las sanciones por suelta y abandono de équidos en lugares que puedan suponer un peligro para la circulación de vehículos, garantizando responsabilidad de los propietarios frente a los daños ocasionados.
La colaboración de la Administración autonómica con las entidades locales, “aportando los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley y permitir la correcta actuación cuando se detecten situaciones irregulares y las entidades locales carezcan de los medios pertinentes”, es otra de las medidas puesta sobre la mesa por VOX en su PNL y que constituye el tercer punto de la iniciativa registrada.
El parlamentario andaluz por Huelva, Rafael Segovia, ha mostrado su satisfacción por el registro de esta iniciativa, “en línea con la lucha de José Antonio Cabrera, un padre coraje” que, desde que su hija falleció en este trágico suceso, se ha propuesto que no vuelvan a ocurrir hechos de este tipo y para ello, “ha emprendido una lucha tenaz que dura ya más de un año en una enorme labor que va a salvar vidas, por lo que queremos expresarle nuestro agradecimiento”.
El diputado ha precisado que “en nuestra PNL simplemente proponemos que se cumpla la ley,” de modo que “no es una iniciativa contra nadie”, ya que “la mayoría de los propietarios de caballos cumplen la ley y es excepcional que haya quien no lo haga, si bien ese hecho pone en riesgo la vida de las personas”.
“Fuente Clara, la hija de José Antonio, tuvo la mala suerte de cruzarse con uno de estos caballos, como le podía haber pasado a cualquier hija nuestra, y lo que queremos evitar precisamente es que se repita esta circunstancia”, ha asegurado.
Por ello, la propuesta consiste en “que se cumpla la ley” y, además, “en ella se insta a la Junta de Andalucía a apoyar a los municipios que no tienen los medios para poder cumplirla”.
Para el GP VOX Andalucía, “ante la pasividad de las instituciones, tanto locales como regionales, que pese a ser alertadas en múltiples ocasiones no han sido capaces de abarcar el asunto con la diligencia y responsabilidad necesarias”, urge que se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de aplicación en materia de posesión y custodia de équidos.
LA NORMATIVA ESPAÑOLA
Tal y como consta en el PNL, la normativa española recoge con claridad que “todos los équidos deben estar registrados y correctamente vallados en explotaciones autorizadas”, en base al Real Decreto 1515/2009, el Reglamento de la Unión Europea 2021/963 y el Real Decreto 804/2011, que establecen la identificación, trazabilidad y condiciones sanitarias aplicables.
Según precisa la iniciativa de VOX, en este Real Decreto se establece en su Artículo 4, entre otras cosas, que “además, deberá respetar una distancia mínima 100 metros de las siguientes vías públicas: ferrocarriles, autopistas y autovías, y a más de 25 metros de cualquier otra vía pública, salvo aquella por la que se acceda directamente a la entrada de la explotación, vías pecuarias, calzadas romanas u otras vías sin asfaltar”.
Este mismo artículo, además, determina que “la explotación se situará en un área delimitada, aislada del exterior y que permita un control eficaz de entradas y salidas de vehículos, personas y animales mediante un vallado perimetral o sistemas equivalentes”. Pero todo esto, según las evidencias gráficas, “no se cumple en muchos casos”.
Tal y como señala la PNL, la normativa determina también que serán las comunidades autónomas las encargadas de inscribir en el registro las explotaciones. Así, la Orden de 29 de abril de 2015 desarrolla esas obligaciones en Andalucía, incluyendo la inscripción en el REGA y condiciones mínimas para su mantenimiento.
Por su parte, el Real Decreto 577/2014 regula la Tarjeta de Movimiento Equino (TME), asegurando que cada traslado quede controlado. Sin embargo, pese a ello, “la presencia de animales asilvestrados junto a carreteras demuestra un incumplimiento flagrante que pone en jaque la seguridad pública”, recalca la iniciativa del GP VOX Andalucía.
