Los 6.500 euros que se podrían estar pagando por falsos contratos de trabajo que permitan regularizar a inmigrantes es una cuestión que, tras ser denunciada en medios de comunicación, ha sido trasladada por VOX al Gobierno. La formación ha preguntado al Ejecutivo qué medidas prevé adoptar para evitar el fraude en la regularización de los inmigrantes y, si tiene previsto, fortalecer las actividades de inspección. Y es que, según la información a la que alude VOX, “existe un mercado negro, al que acuden los inmigrantes ilegales para poder satisfacer los requisitos legales y alcanzar su regularización”.
Ante esta situación, VOX quiere saber si el Gobierno “prevé fortalecer la lucha contra las mafias que sustentan la inmigración ilegal en todas sus formas, es decir, introduciendo a los inmigrantes ilegales en España y, después, lucrándose a costa de su regularización. Ahora, el Ejecutivo ha contestado a esta pregunta, firmada por la diputada nacional de VOX por Ceuta, Teresa López, pero no da señales de que se vaya a producir un refuerzo para perseguir estas prácticas ilegales.
En su respuesta, el Gobierno vuelve a insistir en que la política migratoria de España tiene como un eje esencial la cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios, con el objetivo prioritario de prevenir las salidas de las embarcaciones de las costas africanas con inmigrantes irregulares a bordo. Y eso, reprocha VOX, a pesar de que sólo en Canarias el año pasado se contabilizaron 23.955 llegadas de ilegales, cuando en 2017 apenas fueron 425. Y sin contar la invasión del pasado mes de mayo en Ceuta.
Lo que sí señala el Ejecutivo es que se ha potenciado las investigaciones de las Unidades contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) territoriales en coordinación con la UCRIF central, en aras de la localización y detención de los cabecillas de estas organizaciones dedicadas al Tráfico de Seres Humanos. Aunque, lamenta VOX, no ofrece datos de los resultados.
