Valencia, 1 de abril de 2026. El Pleno del Ayuntamiento de Rocafort ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal VOX, para manifestar el rechazo institucional a los acuerdos adoptados por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) con personas que accedieron de forma ilegal a viviendas en el municipio.
La iniciativa, que ha contado con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE, parte de una situación “sobradamente conocida por los vecinos”, según ha defendido el portavoz de VOX, Sergio Herrero, durante su intervención en el pleno.
En la moción se recoge que diversas zonas del municipio, especialmente en calles como Francisco Carbonell y Conde Cirat, han sufrido durante años una situación de ocupación ilegal acompañada de problemas graves de convivencia y seguridad, documentados en informes de la Policía Local con centenares de intervenciones en los últimos años.
“Esto no va de percepciones, va de hechos”, señaló Herrero, quien incidió en que los informes recogen conflictos violentos, tráfico de drogas, enganches ilegales y alteraciones constantes de la convivencia vecinal.
Rechazo a “premiar la ilegalidad”
VOX ha defendido que la decisión de la SAREB de convertir estas ocupaciones en alquileres sociales “lanza un mensaje profundamente injusto”: que vulnerar la ley puede acabar teniendo recompensa.
“El Ayuntamiento no puede asumir que saltarse la ley sea una vía de acceso a la vivienda pública”, afirmó el portavoz, subrayando que la moción busca “defender a los vecinos que cumplen las normas frente a quienes no lo hacen”.
En este sentido, el acuerdo aprobado incluye el rechazo formal a la actuación de la SAREB y la petición de que no se renueven estos contratos en el futuro cuando las viviendas queden vacías.
Prioridad para vecinos de Rocafort
Uno de los puntos centrales de la moción es la propuesta de establecer criterios claros de adjudicación para futuras viviendas, priorizando a los vecinos del municipio.
Herrero defendió en el pleno la aplicación del principio de prioridad en el acceso a los recursos públicos, señalando que “no se trata de excluir a nadie, sino de ordenar de forma justa, como ya se hace en otras políticas municipales”.
En este sentido, recordó que ordenanzas municipales ya contemplan sistemas de baremación que otorgan mayor puntuación en función del arraigo o la antigüedad en el municipio, como ocurre en las viviendas sociales del Ayuntamiento.
“Priorizar no es discriminar. Es gestionar con sentido común”, afirmó.
Un mensaje claro: la ocupación no puede ser un mérito
Durante el debate, VOX insistió en que la moción no va contra personas, sino contra una forma de actuar que consideran errónea.
“La vulnerabilidad no puede justificar la ilegalidad. Hay muchos vecinos con necesidad que no ocupan viviendas y esperan su oportunidad cumpliendo la ley”, defendió Herrero.
El portavoz también advirtió de que lo ocurrido en Rocafort no debe convertirse en precedente en otros municipios, anunciando que iniciativas similares se impulsarán en localidades donde se estén produciendo situaciones parecidas.
