El diputado de VOX en la Junta General Javier Jové ha defendido este jueves la enmienda a la totalidad de su grupo al Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, al considerar que se trata de una norma “innecesaria, ideológica y profundamente intervencionista”.
“Hoy debatimos una ley que no busca proteger al consumidor, sino controlar su comportamiento. Es una ley inspirada en el decrecentismo y el pobrismo, que pretende que los asturianos consuman menos en lugar de vivir mejor”, ha afirmado.
Jové ha criticado que el texto “parte de un enfoque ideológico” y ha cuestionado su propia base. “Una ley de derechos del consumidor presupone que existen productos para consumir. El problema es que las políticas que ustedes defienden llevan justo a lo contrario: escasez, encarecimiento y pérdida de libertad”, ha señalado.
El parlamentario de VOX ha advertido además de los problemas legales del proyecto. “Este texto sigue el mismo camino que el de bebidas energéticas, que ya tuvo que ser paralizado por contravenir el derecho comunitario. Organizaciones empresariales ya han alertado de lo mismo y el propio Ministerio ha emitido un informe desfavorable”, ha recordado.
Pese a todo, la mayoría de la Cámara ha rechazado la enmienda a la totalidad de VOX, siguiendo la estela del Gobierno de Barbón, “empeñado en seguir adelante pese a las advertencias, haciendo el ridículo jurídico y político”, ha precisado Jové.
El diputado ha denunciado también el carácter intervencionista de la norma. “Bajo la excusa de la protección del consumidor, lo que buscan es inmiscuirse en la vida de los asturianos, modificar sus hábitos de consumo e imponer su agenda ideológica”, ha afirmado.
“Llegan incluso a hablar de ‘desincentivar el consumo innecesario’. ¿Quién decide qué es necesario? ¿El Gobierno? ¿Vamos a tener que pedir permiso para consumir?”, ha ironizado.
El diputado de VOX ha criticado la carga burocrática que impone la ley a empresas y autónomos. “Se les exige una cantidad desproporcionada de información sobre productos, desde su huella de carbono hasta la trazabilidad de cada componente, algo inviable especialmente para pymes”, ha explicado.
Asimismo, ha denunciado la “asimetría” de la norma. “Todos los derechos se establecen frente a empresas y comerciantes, pero no frente a la administración. Los ciudadanos no pueden exigir responsabilidades cuando fallan los servicios públicos, como ocurre con las listas de espera o la falta de transparencia”, ha indicado.
Jové también ha puesto el foco en el carácter sancionador del proyecto. “Más de la mitad de los artículos están dedicados al régimen inspector y sancionador. De hecho, la Consejería ha triplicado la recaudación prevista en sanciones, pasando de 100.000 a más de 325.000 euros”, ha señalado.
“Estamos ante una ley contra el consumo, contra la libertad y contra la actividad económica. No protege a los consumidores, sino que los infantiliza y los somete a la ideología del Gobierno”, ha reiterado Javier Jové.
