Sevilla, 23 de diciembre de 2021. El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla se ha quedado sólo en su intento de evitar la politización del Real Alcázar de Sevilla, que ha salido adelante gracias a los votos del resto de grupos políticos con representación municipal, después de tres meses de espera para la reforma de los Estatutos del monumento sevillano.
La portavoz municipal de VOX ha recordado que «han sido tres meses en los que el señor Antonio Muñoz se comprometió a buscar un amplio consenso para esta reforma, porque quería darle carácter de permanencia. Quisieron justificar esta reforma por conveniencia legal, pues según nos dijeron, había una sentencia del Tribunal Supremo sobre gestión de patrimonio que así lo demandaba. Se comprometieron a trasladarnos un informe detallado con estas cuestiones. Hasta el día de hoy, no hemos recibido información alguna al respecto. Y hoy, en el último Pleno del año, vienen con las prisas».
«Creemos que su intención es politizar el Alcázar bajo la premisa de que deben ser los legítimos representantes democráticos de los ciudadanos los que tomen las decisiones que afecten a la gestión de uno de los principales monumentos de nuestro país que, a la sazón, es el más visitado de nuestra ciudad. Pero es que este ente, el Patronato del Alcázar, no es un organismo más de este Ayuntamiento. Necesitamos a expertos de amplísima trayectoria académica y profesional, para que nos marquen la hoja de ruta a seguir, con el objetivo de tomar las decisiones que más favorezcan a este extraordinario monumento«.
Cristina Peláez ha aseverado que «el Gobierno municipal lo que quiere es quitarse del medio a las personas que puedan pararle los pies en sus pretensiones de seguir utilizando el Alcázar para enjuagar las cuentas derivadas de la mala gestión de otros organismos y entidades de este Ayuntamiento, pudiendo traer como consecuencia que una de nuestras joyas monumentales, no tenga plenamente cubiertas sus necesidades de mantenimiento y restauración. Si no, expliquen cuál es el objetivo real de quitar a los expertos del Consejo de Gobierno, porque el argumento jurídico que nos comentaron no parece ser cierto, o al menos, nunca nos lo justificaron.»
