VOX presenta un total de 16 alegaciones al borrador de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente ocurrido el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo en las que, respetando la estructura del documento —al no permitir el Reglamento de la Cámara la presentación de un texto alternativo—, propone modificaciones, ampliaciones e incorporaciones que refuerzan el análisis de los hechos sin alterar sus conclusiones principales.
Según ha explicado hoy el diputado Gonzalo Centeno, el grupo comparte en gran medida el fondo del dictamen elaborado por la Presidencia de la Comisión, pero considera necesario “mejorar, ampliar y matizar determinados aspectos desde nuestra propia óptica”.
Entre las principales aportaciones, VOX pone el foco en cuestiones insuficientemente abordadas, como el papel de la Guardería de Medio Rural —cuyos avisos no fueron atendidos—, la falta de actuación del Ayuntamiento de Degaña ante indicios evidentes de actividad irregular o las deficiencias en la supervisión administrativa de autorizaciones y garantías exigidas en el ámbito minero.
Asimismo, VOX introduce precisiones jurídicas en relación con los proyectos de investigación minera y plantea la necesidad de reforzar el marco normativo y organizativo de los servicios de control.
En el ámbito de las responsabilidades políticas, VOX respalda las reprobaciones recogidas en el borrador e incorpora la del alcalde de Degaña, cuya actuación califica de “lamentable”, tanto en los hechos como durante su comparecencia en la Comisión. Además, el grupo parlamentario señala directamente al presidente del Principado como responsable último.
“Cuando en un sistema fallan todos los niveles —desde los técnicos hasta los órganos de dirección—, la responsabilidad no puede quedarse en escalones intermedios. Es de quien coordina, nombra y mantiene ese funcionamiento”, ha afirmado Centeno.
VOX considera que el Gobierno del Principado incurrió en una grave omisión de sus funciones de vigilancia y control en un ámbito, el minero, que forma parte del dominio público y cuya actividad depende directamente de la supervisión administrativa.
En este sentido, Centeno ha subrayado que “no estamos ante un accidente cualquiera, sino ante una actividad que requería autorización y vigilancia constante por parte de la Administración, que no actuó pese a los indicios existentes”.
La formación también critica el intento del Ejecutivo de trasladar el debate al ámbito judicial o de recurrir a medidas “improvisadas” que, a su juicio, buscan eludir responsabilidades. “Las responsabilidades penales las determinarán los tribunales, pero las responsabilidades políticas deben asumirse aquí. Y el Gobierno de Barbón sigue sin hacerlo”, ha concluido.
