El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno de España que las grandes empresas tecnológicas extranjeras que quieran trasladar a sus sedes datos obtenidos en España, deben abonar un porcentaje al particular del que obtengan dichos datos. Además, de pagar correctamente sus impuestos y cotizar por los datos digitales que obtienen en nuestro país.
Esta iniciativa parlamentaria solicita que se establezca una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que permita prevenir y evitar cualquier peligro o amenaza relacionado con la ciberseguridad, soberanía de datos o intereses nacionales, para velar por la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Además de que se unifiquen las bases de datos de la Policía Nacional, Guardia Civil y cualquier otro tipo de seguridad.
La diputada del GP VOX en las Cortes Valencianas, Teresa Ramírez, ha afirmado que “es urgente proteger la soberanía de los datos digitales de los españoles y establecer mecanismos de control para evitar que las multinacionales puedan utilizarlos contra el interés general nacional. El gobierno debe desarrollar una nueva legislación que proteja los datos de los españoles e impida que sean utilizados contra ellos.”
“Cada vez que comemos, compramos, descansamos o hacemos deporte, generamos datos y no somos conscientes de la cantidad de información que compartimos sin saberlo. Las plataformas digitales, con sedes radicadas en el extranjero, venden hasta un 80% de los datos que recogen de nosotros. Esto significa que, sin saberlo, están haciendo dinero y es necesario pagar a los dueños de esos datos por cederlos a terceros.”
Según estudios recientes a nivel internacional, una familia de cuatro miembros podría ingresar 18.000 euros si se le paga una cantidad por los datos que ya cede de manera forzada, ya que no tiene otra forma de acceder a ciertos servicios digitales imprescindibles en la actualidad sin aceptar estos términos.
La PNL pide que se asegure también la soberanía de los datos digitales de nuestros productores, negocios o explotaciones agrarias, para evitar que las grandes compañías puedan utilizarlos como herramientas de especulación inversora o para desarrollar nuevas tecnologías en este sector.
Por otro lado, se debe crear una plataforma nacional que permita interconectar todos los documentos y datos aportados por los trabajadores de cualquier Administración de España. Además de un registro electrónico de documentación ciudadana que agrupe datos identificativos de las personas usuarias de la administración de la Generalitat y que servirá como base de datos para la ciudadanía. Mientras que, las entidades que colaboran con la Administración deben poder utilizar también esta plataforma.
Finalmente, en relación al acuerdo impulsado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social (Tesorería General, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Gerencia de Informática), el Banco de España y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se debe ampliar para permitir el acceso a los registros y bases de datos a los investigadores que realicen trabajos científicos y ciudadanos nacionales.