El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Torrent, apoyado por el portavoz de la formación en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha presentado esta misma mañana una moción para rechazar rotundamente la regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La propuesta llega tras la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026, que modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería. Desde VOX consideran que esta medida responde a “una estrategia política que premia a quienes han vulnerado la ley” y critican que se haya aprobado sin un debate amplio en las Cortes Generales.
José María Llanos ha destacado a los periodistas que “Desde VOX estamos presentando una moción, como esta de Torrente, para rechazar la regularización masiva de inmigrantes ilegales en los municipios donde tenemos representación”.
Llanos ha explicado que “VOX insta al Gobierno de España a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal, a establecer la prioridad nacional en las ayudas sociales y de acceso a la vivienda y a repatriar a todos los extranjeros que no contribuyan con su trabajo a la economía nacional erosionando el estado de bienestar de los españoles. Aclarar que prioridad no significa exclusión, sino preferencia”.
La formación advierte que este proceso ya está teniendo consecuencias directas en el ámbito local, como el incremento de la demanda en servicios como padrón, registro y servicios sociales. Como señala la portavoz adjunta de VOX en Torrent, Mª Ángeles Lerma, “esta situación está provocando una sobrecarga de trabajo que puede afectar a la atención ordinaria de los vecinos”.
En ese sentido, VOX denuncia que los ayuntamientos no pueden “asumir competencias que no les corresponden ni convertirse en soporte de decisiones del Gobierno central que desbordan sus recursos”, sostienen desde el grupo municipal.
Asimismo, Mª Ángeles Lerma exige que “no se destinen recursos extraordinarios municipales a este proceso”, con el objetivo de preservar la calidad de los servicios públicos, y defiende que la emisión de informes, especialmente los de vulnerabilidad, “se base exclusivamente en criterios técnicos, objetivos y verificables, evitando cualquier automatismo o falta de rigor”.
Entre las medidas planteadas en la iniciativa, VOX propone el rechazo expreso a la regularización masiva, la exigencia de derogación de la normativa estatal que la impulsa y el refuerzo de los controles administrativos para garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad en la tramitación de solicitudes.
“Defendemos el respeto a la ley, la prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas y la protección de nuestros servicios públicos”, han concluido desde VOX. La iniciativa será debatida en el pleno municipal del mes de junio.