La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez, ha urgido hoy al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a dejar de colaborar con las ONGs que trabajan, «en innegable colaboración o, cuando menos, connivencia» con las mafias que trafican con personas para traelas a las costas españolas.
Tal y como ha explicado Gómez al ministro, estas organizaciones son «un elemento imprescindible para garantizar la llegada de la inmigración ilegal a los puertos europeos. De modo que ha recomendado que se especifique la actividad que realizan las ONG autodefinidas como “rescatadoras” porque «no puede calificarse como acto de rescate de náufragos. Y es que, tal y como le ha recordado al responsable de Interior, para realizar una actividad de rescate requeriría que el salvamento fuese consecuencia de una circunstancia fortuita, a diferencia de lo que ocurre en los “rescates” organizados con antelación; y que se condujera a las personas al puerto más cercano, en lugar de hacerlo deliberadamente a uno europeo.
Efecto llamada
También ha reivindicado el fin del “efecto llamada”, que consiste, por un lado, en abandonar «la política de fronteras abiertas, que no distingue entre la inmigración legal y la ilegal, como la que postula el Pacto sobre Migración y Asilo en tramitación, que ha recibido duras críticas de países como Hungría o Polonia». Para VOX, la prevención del “efecto llamada estriba también en dejar de difundir que los beneficios asociados a nuestro Estado del bienestar –como el salario mínimo interprofesional– puedan ser accesibles a todos, españoles o no, residentes ilegales o no». «En cualquier Estado social, y el español en concreto, cuenta con unos recursos limitados», ha apostillado la senadora.
Pero Gómez también ha puesto sobre la mesa una serie de medidas «a posteriori», con el objetivo de «paliar las consecuencias de la inmigración ilegal», entre las que ha nombrado la deportación de los inmigrantes ilegales, «priorizando a quienes tienen antecedentes delictivos, por suponer un riesgo para la seguridad de la Nación».
También ha reclamado al ministro del Interior el refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas de conflicto, siguiendo así el ejemplo de países que ya lo han hecho, como Francia o Suecia.
Un refuerzo que, para la formación, es «imprescindible» cuando se constata la entrada a España y a otros países de Europa de terroristas y de personas con un perfil altamente radicalizado porque «pone en jaque nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra identidad».
Para concluir, Gómez ha recordado al ministro Marlaska que estas propuestas «han de ser acometidas por el Estado español, que es plenamente competente en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo«, de acuerdo con el artículo 149.1.2 de la Constitución Española.