El portavoz del Grupo Parlamentario VOX Cortes Valencianas, José María Llanos y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Barrachina han informado esta mañana a los medios que los dos grupos han presentado la solicitud de una comisión de investigación para estudiar las irregularidades cometidas en el sector público instrumental entre los años 2016 y 2023, periodo de gobierno del Botánico.
Llanos ha destacado que “poco antes de las elecciones, el Botánico hizo una contratación sin dotación presupuestaria y sin ningún informe, con 250.000 contratos menores sin control e irregulares, ascendiendo a un importe de 713 millones de euros. Por lo que durante las dos legislaturas de Ximo Puig se ha incrementado la contratación pública en más de un 35%. Además de retribuciones a personal de confianza que no cumplen con la ley, pagos a terceros sin autorización ni control y duplicidades en el gasto.”
El portavoz de VOX ha explicado que “se activará una Auditoria General de todo el Sector Público Valenciano para ver dónde se ha ido cada euro y para estudiar las duplicidades e ineficiencias de esas entidades. Una vez finalizada y elaborada le correspondiente Dictamen, se dará a conocer a todos los valencianos para que sean conscientes de cuál es la situación a fecha de hoy, junto a todas las medidas que desde las Cortes Valencianas y del Gobierno PP-VOX se van a poner en marcha para evitar que esto vuelva a pasar.”
“En los meses de Gobierno del PP-VOX se ha reducido en un 50% los nombramientos a dedo de altos cargos del Botánico. Este gasto superfluo esta disminuyendo drásticamente porque lo único que hacia era contentar a algunos colectivos mientras perjudicaba al bolsillo de los valencianos.”
Finalmente, José María Llanos ha afirmado que VOX “se comprometió a decir la verdad a los ciudadanos y que desde la Administración se les ofreciese un verdadero servicio público. Los valencianos tienen derecho a conocer de primera mano cómo se encuentra la Comunidad Valenciana, con facturas en cajones sin pagar, sueldos abonados sin justificar y contrataciones sin pasar los trámites correspondientes. El dinero debe gastarse en su bienestar y no en mantener un número excesivo de altos cargos a dedo o en entidades y empresas del sector público ‘fantasma’, inútiles e ineficaces, que realizan actividades irregulares e imposibles de sostener.”