El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Extremadura ha presentado una propuesta de impulso en la Cámara extremeña para instar a la Junta a proteger a la infancia de los contenido que puedan dañar su inocencia, especialmente en su etapa educativa.
En concreto, los diputados autonómicos de VOX solicitan que se asuma «un compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos y de garantizar de este modo el artículo 27 de la Constitución española»; que se revisen los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores. Y, por último, que se garantice el previo «conocimiento y la aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula».
Los diputados argumentan su propuesta de impulso porque el derecho a la educación «es un derecho íntimamente ligado a la dignidad humana». Además, «los poderes públicos deben velar por que los españoles puedan disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad, que sea un verdadero ascensor social para los jóvenes y un elemento de cohesión nacional». Y es que el desarrollo y la prosperidad de un país depende en gran medida de la excelencia de su sistema educativo.
El GP VOX critica que, «en parte como consecuencia del desarrollo del estado autonómico y la cesión de competencias en materia de educación a los distintos gobiernos autonómicos, en los últimos años se han producido situaciones en las que los poderes públicos, en los ámbitos nacional y regional, han diseñado políticas educativas que socavan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos educativos claramente ideológicos». «En muchos casos los contenidos chocan abiertamente, no sólo con las convicciones morales, políticas o religiosas de los padres, sino con la propia verdad científica o histórica», denuncian.
Por ello reivindican la !necesaria protección y contribución de los poderes públicos a la calidad e integridad de la Enseñanza!, que, en la actualidad, «contrasta con la realidad que viven estudiantes, padres, profesores y centros de nuestra región». «Buena parte de nuestros alumnos encuentran sus libros de texto curriculares contenidos manifiestamente ideológicos que nada tienen que ver con el conocimiento científico y académico riguroso, camuflados como material académico; así como inexactitudes o directamente mentiras sobre nuestra historia o sobre la realidad social y política de España», apostillan los diputados.
En definitiva, la obligación de las administraciones educativas de ofrecer y garantizar un sistema educativo de calidad «es incompatible con la imposición ideológica desarrollada a través de la aprobación de distintas leyes que empapan la Enseñanza cada vez con mayor frecuencia».
