El candidato de VOX a la Presidencia de Extremadura, Ángel Pelayo, y el senador de VOX José Manuel Marín han vuelto a trabajar en una pregunta al Gobierno, a través del Senado, a propósito de la resolución por la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobaba la demolición del embalse de la extinta central nuclear, y la restitución a su estado original de los terrenos en los que se asienta, en un plazo máximo de seis meses.
El candidato de VOX a la Presidencia de Extremadura insiste en que el embalse de Valdecaballeros (Badajoz) se construyó sobre el
cauce del río Guadalupejo (afluente del Guadiana) en 1984, para la refrigeración de la central nuclear, «que nunca llegó a funcionar, al decretar el Gobierno de Felipe González una moratoria nuclear que supuso la paralización de la construcción de cinco reactores nucleares». Y recuerda que «en la central de Valdecaballeros, los trabajos estaban completados al 90%». «Dicha moratoria nuclear condenó a todos los españoles a compensar a las empresas propietarias con el pago de 5.717 millones que se repercutieron en el recibo de la luz desde 1996 y que se terminaron de pagar el 31 de Agosto de 2015», explica.
Marín y Pelayo también recuerdan que, «desde entonces, el embalse de Valdecaballeros se utiliza para abastecer de agua a tres poblaciones de la zona; Valdecaballeros y Castilblanco en la provincia de Badajoz, y Alía en la provincia de Cáceres, además de dotar de suministro para el riego a una comarca que cuenta con un potente sector ganadero».
Ayuntamientos afectados
Insisten advertir al Gobierno en que la demolición «repercute directamente en los ayuntamientos afectados, que deberán obligatoriamente regularizar las captaciones de agua con destino al abastecimiento de la población, ya que en caso contrario, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, según la resolución, deberá incoar el correspondiente procedimiento sancionador».
«Los consistorios afectados indican el riesgo de desabastecimiento y la pérdida de calidad de las aguas para sus vecinos, al cambiar su procedencia», avisan el senador y el candidato de VOX, quienes vaticinan el «perjuicio para los ganaderos y también para el ecosistema natural de la zona, a la que afectarían las obras de derribo». Y no olvidan otro problema añadido: «El perjuicio medioambiental irreversible para las especies de la fauna y flora existente en el entorno».
Es por todo ello que ambos insisten en preguntar al Gobierno si «ha sopesado y valorado correctamente el grave perjuicio que se va a ocasionar a los habitantes de las tres poblaciones afectadas»; si «ha valorado el perjuicio al ecosistema natural de la zona, así como el deterioro medioambiental irreversible para las especies de la fauna y flora existente en el entorno»; y si «el Gobierno va a hacer caso del dictamen del Consejo de Estado y, de acuerdo con el mismo, va a ponderar detenidamente y a justificar detalladamente la decisión de demolición».