El Grupo Socialista ha llevado al Pleno del Senado una moción para «seguir impulsando el diálogo social para una recuperación más justa y colectiva». Un diálogo que la senadora de VOX Yolanda Merelo ha pregunta: ¿Entre quiénes? ¿Entre la patronal CEOE y los grandes sindicatos de clase, todas ellas organizaciones ultrasubvencionadas?».
Merelo ha explicado al Grupo Socialista que « la manera de establecer la paz social no es mediante la puesta en marcha de un “observatorio para vigilar los márgenes empresariales”, o imitar el rimbombante “modelo dual alemán”. Por el contrario, es necesaria «la subida de salarios, a la vez que se reducen drásticamente las cargas sobre las empresas y la regulación abusiva que perjudican la generación de empleo». También ha apostado por el «apoyo decidido a los trabajadores autónomos mediante la exoneración de la cuota a aquellos cuyos ingresos netos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional y la bonificación total a los autónomos que estén de baja».
Salarios dignos y conciliación familiar
Y es que, tal y como ha explicado, «la paz social se alcanza bajo el principio de que todos los trabajos son esenciales y todos los trabajadores españoles deben ser defendidos». Y para ello, ha reivindicado un marco para la creación de empleo; la movilidad social; y el desarrollo personal y profesional, que les permita acceder a empleos estables con salarios dignos, combatiendo la precariedad laboral y garantizando la conciliación familiar».
También ha denunciado que mientras los trabajadores «se enfrentan a grandes amenazas que ponen en riesgo el bienestar de todas las familias y la supervivencia de las clases medias», todos los grupos parlamentarios, salvo VOX, «asumen los postulados de una Agenda 2030 que sólo trae pobreza, destrucción de empleo, pérdida de tejido social e incertidumbre».
Merelo se ha dirigido a la bancada socialista para recomendarles que «defiendan la soberanía de España, nuestros sectores productivos y nuestros trabajadores». Para ello, «enfréntense al reetiquetado ilegal de productos procedentes de terceros países y que suponen un grave riesgo para nuestros productores y consumidores». También ha exigido que «fomenten que fábricas y empresas se queden en España y no deslocalicen sus sedes hacía países, a los que se llevan la producción, los recursos y los puestos de trabajo, todo ello ante el aplauso unánime de todos los burócratas europeos». «La desindustrialización significa el fin de las oportunidades para sectores productivos enteros como el del metal, el naval, el automovilístico o la minería», ha advertido.
