La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez, ha centrado su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre la SEPI en el rescate de Tubos Reunidos, cuestionando la actuación del Gobierno durante la tramitación de una ayuda pública de 112,8 millones de euros que, según recordó, hoy ha terminado con la empresa en concurso de acreedores y una importante deuda pendiente con el Estado.
Desde el inicio de su intervención, la senadora dejó claro que sus preguntas se sustentaban en la investigación judicial en curso, afirmando que «me he basado y me basaré en los informes de la UCO, que no son especulativos, sino que son informes que aportan mucha información y también aportan muchas pruebas».
Paloma Gómez recordó que, en el momento de la tramitación del expediente, Sara Aagesen formaba parte del Consejo Gestor de la SEPI y era «el último filtro, el control definitivo antes de enviar el rescate de Tubos Reunidos al Consejo de Ministros», preguntando por las decisiones adoptadas durante aquella fase del procedimiento.
Durante el interrogatorio, la senadora expuso que, según los informes de la UCO, la empresa y diversos intermediarios habrían desarrollado una intensa actividad para influir en la concesión de la ayuda pública. En este sentido, preguntó reiteradamente por las presuntas gestiones políticas realizadas para desbloquear el expediente y cuestionó la existencia de un veto medioambiental inicial.
Asimismo, insistió en que, según la documentación conocida, la empresa no reunía inicialmente todos los requisitos exigidos para acceder al fondo de apoyo y preguntó qué circunstancias cambiaron en apenas unas semanas para que finalmente se autorizara la operación.
Paloma Gómez también recordó que la compañía desarrollaba una actividad altamente contaminante y subrayó que el rescate se aprobó sobre la base de compromisos futuros de descarbonización, cuestionando si era suficiente prometer objetivos a largo plazo para acceder a fondos públicos.
En la recta final de su intervención, la senadora enumeró los motivos por los que, a su juicio y conforme a la documentación incorporada a la investigación, Tubos Reunidos no cumplía las condiciones exigidas para recibir la ayuda pública: incompatibilidad medioambiental, falta de un plan de descarbonización en el momento inicial, dudas sobre su viabilidad financiera, ausencia de garantías de devolución del dinero público y una situación de insolvencia que, según expuso, excedía los supuestos previstos por la normativa del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
La senadora denunció además que la empresa terminó entrando en concurso de acreedores pese a haber recibido 112,8 millones de euros de dinero público, preguntándose quién asumirá la responsabilidad política por una operación que ha supuesto un grave perjuicio para las arcas públicas.