Durante el debate de la moción por la que se insta al Gobierno a adoptar, con carácter urgente, las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de la Seguridad Social, el senador Fernando Carbonell (VOX), ha intervenido para denunciar la grave crisis institucional que sufre el INSS y exigir al Gobierno una respuesta inmediata y contundente.
Apelando a la responsabilidad histórica del Estado, Carbonell ha subrayado que la situación actual no es una disfunción técnica, sino un deterioro estructural que afecta directamente a miles de ciudadanos. “Muchos ciudadanos viven el contacto con la Seguridad Social como un recorrido kafkiano: formularios interminables, plazos que se dilatan sin explicación, imposibilidad de tratar con un funcionario y una sensación creciente de abandono”, ha señalado.
Para ello, el senador ha enumerado datos alarmantes: más de 110 días hábiles de media para tramitar el Ingreso Mínimo Vital, retrasos superiores a un año en pensiones por incapacidad, más de 4.000 vacantes sin cubrir en la plantilla del INSS y una huelga indefinida de funcionarios de carrera, que Carbonell ha señalado como “una situación insólita que no se había producido jamás en la historia de esta institución”.
Además, ha denunciado la brecha digital que afecta especialmente a los mayores, al recordar que “desde la peste del COVID es imposible hablar, contactar directamente de persona a persona con funcionarios si no es a través de cita previa, a veces imposible de conseguir en tiempo”.
En este sentido, Carbonell ha llamado a la reflexión recordando el origen histórico de la Seguridad Social en España: “Fue un gobierno conservador, presidido por don Antonio Maura, quien en 1908 fundó el Instituto Nacional de Previsión. Entendía que la protección del trabajador y de su familia no era una concesión ideológica, sino un imperativo moral del Estado moderno”.
Carbonell ha subrayado que la moción “propone medidas sensatas” como la dotación urgente de recursos, diálogo con el personal, reformas organizativas, auditorías y seguimiento parlamentario.
“Restablecer el fácil acceso de los ciudadanos a la institución que, en teoría, les protege, es un acto de coherencia, de respeto por la historia y, sobre todo, de compromiso con el presente y el futuro de millones de españoles”, ha concluido el senador de VOX.