El senador de VOX José Manuel Marín ha defendido hoy en la Comisión de Transición Ecológica que se ha celebrado en el Senado el veto de la formación al Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Un proyecto que ha calificado de «festival de intervencionismo y prohibiciones», ya que «grava repetidamente a las empresas y autónomos, y lesiona la libertad de mercado y de emprendimiento».
El senador Marín ha explicado que este Proyecto de Ley, además de «confuso», pretende ocultar sus «verdaderos objetivos bajo un lenguaje hipertécnico, y una desmesurada regulación». Y ha advertido de que provocará nuevos incrementos de la presión fiscal, «que restarán competitividad a las empresas y terminarán repercutiendo sobre el bolsillo de los consumidores».
Chiringuitos
Tampoco ha pasado por alto las «constantes invocaciones» del Proyecto de Ley a la “sociedad del reciclado” y a la “resiliencia”. «Bajo esta retórica, se disimula el mantenimiento de órganos burocráticos innecesarios, organismos y empresas sostenidas por dinero público, chiringuitos, creados por la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados, así como una conciencia social construida a base de campañas intencionadas que no evita el daño, sino que lo permite para mercadear posteriormente con él».
Marín ha ahondado en el texto, y ha criticado la «arbitrariedad y confusión» que genera que las comunidades autónomas «dispondrán de discrecionalidad en las autorizaciones», lo que ha considerado, «un paso más en la quiebra de la unidad de mercado y el ahondamiento de la desigualdad entre españoles».
Así, por ejemplo, la consideración de residuo, que «deberían regularse de forma uniforme en todo el territorio nacional los criterios que aplicar, y los materiales a los que se considera residuos o no». «No se entiende que el mismo material tenga consideración diferente de una región de España a otra», ha asegurado.
Carrusel impositivo
También ha reflexionado sobre «la filosofía de la economía circular”, sobre la que la ley dice avanzar. Sin embargo, la intención de que los residuos vuelvan a tener una nueva vida, o que se extraiga de ellos lo que pueda ser introducido de nuevo en el mercado, «termina perdiéndose entre inexactitudes, indefiniciones, la perversión del lucro, el desconocimiento de los políticos, y la mala fe de quienes pretenden un mercado artificioso que termina no siendo bueno para el medio ambiente, ni para la salud». En definitiva, «no es ni socialmente beneficioso, ni moralmente aceptable, ni rentable».
Marín ha advertido de que la “circularidad impuesta por esta Ley es, en realidad, un carrusel impositivo sin fin que penaliza a productores, pequeños empresarios, autónomos y consumidores».
Además, ha reprochado que el Proyecto de Ley no distribuye competencias claras de control o fiscalización, mientras que sí establece un régimen sancionador. «No queda clara la delimitación de responsabilidades entre Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Un desbarajuste del que cabe quizá inferir que no se pretende realmente su aplicación», ha puntualizado.