La senadora de VOX Paloma Gómez Enríquez ha mostrado hoy la posición en contra del partido respecto al Proyecto de Ley por el que se «modifica la ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la comunidad autónoma del País Vasco». Y ha justificado su postura ya que «supone una nueva batería de regalos fiscales para el País Vasco y, por lo tanto, para el Gobierno del PNV en alianza con el PSE-PSOE».
El texto referido señala que, «en cumplimiento del mandato constitucional, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, dispone que las instituciones competentes de los territorios históricos del País Vasco pueden mantener,
establecer y regular su propio sistema tributario».
Gómez Enríquez ha explicado que esta actualización «profundiza en las desigualdades fiscales entre regiones, al reforzar los privilegios del
régimen foral vasco y navarro. «La ampliación de competencias autonómicas sobre la fiscalidad y otros impuestos ahonda en la fragmentación tributaria de España», creando distorsiones entre los contribuyentes en función de su lugar de residencia», ha abundado la senadora, quien ha denunciado que perpetúa «privilegios financieros injustificados» para ciertas regiones.
En definitiva, este modelo, basado en el concierto foral, «ha dejado de ser una fórmula solidaria y se ha convertido en una
herramienta que alimenta desequilibrios económicos y sociales». Y ha advertido: «Quienes voten a favor de esta iniciativa, estarán aprobando un nuevo paso, un paso más, en la cesión de soberanía fiscal».
Así, ha calificado de «lamentable» la existencia de un sistema fiscal privilegiado, «que pueda desincentivar la inversión y la creación de empleo en otras regiones de España. «El PNV ha utilizado y utiliza el concierto como una herramienta para fomentar un nacionalismo
excluyente que divide a los españoles en lugar de unirnos», ha denunciado Gómez Enríquez.
Y ha concluido exponiendo la propuesta de VOX: un modelo fiscal en el que todos los españoles contribuyamos de manera equitativa al sostenimiento del Estado. Y es que «todos los españoles merecemos tener acceso a los mismos derechos y beneficios, sin que nuestro lugar de residencia determine su calidad de vida».
