Desde VOX hemos presentado un veto a cada uno de los seis proyectos de Ley por los que se modifican las leyes del régimen de cesión de tributos del Estado a las CCAA de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares. Unos Proyectos que tienen por objeto la cesión de otro tributo nacional más a las comunidades autónomas, en este caso, el impuesto de residuos. Una cesión que no solo incluye el rendimiento, sino que además incluirá las competencias de gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como la capacidad normativa.
Así lo ha explicado Pepa Millán, senadora de VOX por Andalucía, quien ha lamentado que el impuesto haya sido «configurado como Estatal, pero concebido desde el principio como un impuesto plenamente cedido». Y ello, ha dicho, «choca frontalmente con toda posibilidad de alcanzar un sistema fiscal armonizado e igual en todo el territorio de nuestra Nación, y que choca con la igualdad ante la Ley que no paran de repetir los que precisamente optan por legislar de esta forma».
La senadora ha advertido de que esta cesión «a las Administraciones regionales ahonda en las profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre los españoles, como consecuencia del Estado injusto e insolidario de las autonomías».
Frente a ello, VOX propone un Estado «al servicio de la unidad común e indivisible de España, donde que no haya diferencias ante la Ley entre regiones ni entre españoles; donde no haya ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, independientemente del lugar en el que residan, trabajen o desempeñen su actividad». Porque, ha defendido, «sólo así se conseguirá la prosperidad y el bienestar presente y futuros de España, y un Estado moderno, donde primen la igualdad y la seguridad jurídica, y no 17 ordenamientos jurídicos distintos».
También se ha referido a la obsesión tributaria del Gobierno: «No compartimos ni queremos ser partícipes de nuevos impuestos que agraven más aún la desigualdad entre los españoles al mismo tiempo que se dilapida el dinero de todos ellos en el mantenimiento de un sector público desmesurado, como consecuencia del sistema autonómico donde proliferan entes, agencias, y la duplicidad de funciones».
Para la senadora, antes de plantear ningún impuesto, lo responsable por parte de cualquier Gobierno,» sería frenar el despilfarro que caracteriza su gestión, reducir de forma urgente y drástica el gasto político y eliminar todos aquellos organismos superfluos para compensar una bajada masiva de impuestos y la reducción de tipos de gravamen excesivos que los españoles necesitan».