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VOX se opone a ceder las competencias atribuidas a la Biblioteca Nacional a las comunidades autónomas

Se trata de una reforma que, denuncia el senador de VOX Jacobo González-Robatto, "trata de satisfacer las ansias descentralizadoras de sus socios separatistas"

El senador de VOX por Andalucía, Jacobo González-Robatto, ha mostrado hoy en el Pleno de la Cámara Alta su rechazo a que se descentralicen las competencias que la Biblioteca Nacional tiene atribuidas en favor de las comunidades autónomas, tal y como propone el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.

«Esto va a afectar tanto a la recopilación como a la organización y va a privar a la Biblioteca Nacional de la capacidad de coordinación entre bibliotecas y depósito legal». Una facultad que, ha recordado Robatto, «también tienen instituciones similares en otros países».

El senador por Andalucía ha argumentado su oposición con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la que se concluye que la atribución a la Biblioteca Nacional de las facultades de alta inspección y seguimiento del cumplimiento de la legislación en materia de depósito legal «no vulnera de ningún modo la distribución competencial y que, por lo tanto, no es necesario que esta facultad deba transferirse a las comunidades autónomas».

Dificultar la coordinación

Se trata, en definitiva, de una reforma al estilo del Gobierno actual que «elimina cualquier referencia a la labor de los organismos del Estado Central». Y es que el Estado «debe mantener sus competencias y que se le devuelvan las que se han quitado por distintos motivos». Porque «la igualdad entre los españoles y evitar el despilfarro autonómico son los más importantes». En este caso, ha recordado, «la preservación y gestión eficiente de un depósito nacional para que esté a disposición de todos los españoles».

El senador por Andalucía ha criticado que el Gobierno «no valore los suficiente nuestro tesoro bibliográfico, ya que el Proyecto de Ley podría haber supuesto una simple y necesaria actualización de la ley», sin embargo, el Ejecutivo ha decidido satisfacer «las ansias descentralizadoras de sus socios separatistas para hacer una reforma que va a dificultar la labor de coordinación de la Biblioteca Nacional».