Los senadores de VOX han registrado un escrito a la Mesa del Senado en el que le piden que reconsidere su decisión de conceder la condición de senadores a los representantes de Junts per Catalunya, EH Bildu y Más Madrid, como consecuencia de la fórmula utilizada el día de la constitución de la XV legislatura del Senado, puesto que se hallan «absolutamente alejadas de la legalidad y de la finalidad misma del acatamiento de la Constitución».
Los tres senadores de VOX, Paloma Gómez, Ángel Pelayo y Fernando Carbonell, ya remitieron un escrito a la Mesa cuatro días después de la constitución de la Cámara Alta, el 21 de agosto, solicitando declarar inválidas las promesas de acatamiento de la Constitución de distintos senadores de Junts, EH Bildu y Más Madrid. Sin embargo, la petición del partido fue rechazada, motivo por el que VOX pide a la Mesa que reconsidere su decisión.
Como argumentos, los senadores de VOX recuerdan que, de acuerdo con los artículos 11 y 12 b) del Reglamento del Senado, la sesión constitutiva del Senado tiene como uno de sus elementos fundamentales la adquisición plena de la condición de senador por parte de los nuevos miembros de la Cámara, que se produce mediante la prestación de juramento o promesa de acatar la Constitución. Además, es «fundamental el artículo 11 del Reglamento de la Cámara, que en su apartado 3 reza: “Se leerá la fórmula siguiente: «¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?». Los Senadores se acercarán sucesivamente ante la Presidencia para hacer la declaración, contestando «sí, juro» o «sí, prometo»”.
Promesa desnaturalizada
También recuerdan los representantes de VOX la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que marca que «en ningún caso pueden tenerse por válidas expresiones que condicionen o contradigan la naturaleza del acatamiento y su sentido último de representar un acto de respeto al ordenamiento jurídico y de prometer ajustarse en su actuación a las leyes». Sin embargo, en este caso, los referidos electos han introducido adiciones que desnaturalizan y vacían el sentido de la promesa o juramento, por cuanto suponen una voluntad públicamente declarada de quebrantar la misma legalidad a la cual deberían estar prometiendo ajustarse».
Y destacan la reivindicación, durante los juramentos, de los actos delictivos cometidos por autoridades de la Generalidad de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y las semanas precedentes, lo que constituye «una exaltación de hechos criminales gravísimos que fueron perpetrados directamente contra la integridad de la Nación y contra el mismo orden constitucional de cuyo acatamiento se trata».
A todo ellos se suma que, la adquisición de la plena condición de senador por parte de quienes no han acatado la Constitución conforme al reglamento, supone una vulneración del ius in officium (artículo 23 de la Constitución) del resto de senadores, «en un claro tratamiento desigual, por cuanto se verán obligados a desarrollar su labor parlamentaria junto con personas que no deberían estar reconocidas
para ejercer sus derechos como senadores».
Para concluir, los senadores de VOX recuerdan que algunas de las promesas fueron emitidas en lenguas españolas distintas al
español, por lo que «de ninguna manera dichas promesas pueden ser aceptables, por no haber sido prestadas en la lengua oficial del Estado; que como tal, lo es también de este Senado y de todos sus órganos de gobierno, incluida la Presidencia». Es precisamente la Presidencia, apostillan los representantes de VOX, la que toma el juramento, y debe recibirlo, y, en estas circunstancias, «no puede determinar si el juramento o la promesa se ha prestado o no».