«Constituye una aberración jurídica, política y moral que, al tiempo que incorpora al ordenamiento jurídico una norma flagrantemente incompatible con la Constitución, y que implica una radicalización en el proceso de destrucción de la unidad política de nuestro país, introduce un factor de profunda degradación ética en el sistema institucional». Esta es la triple vertiente jurídica, moral y política en la que VOX ha basado la propuesta de veto en el Senado, que ha registrado hoy mismo.
Un texto de rechazo a la ley de amnistía en el que la formación que lidera Santiago Abascal destaca la «especial trascendencia» de las opiniones de los letrados de ambas Cámaras de las Cortes Generales, y del órgano de gobierno del Poder Judicial. «El hecho de que los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y del Senado, cuyas funciones específicamente técnicas les colocan natural e invariablemente en una posición neutralidad con respecto a las fuerzas políticas, hayan considerado imprescindible pronunciarse con esa claridad sobre los defectos de constitucionalidad de una iniciativa tan controvertida, da buena idea del estado verdaderamente alarmante en que se encuentra el sistema constitucional». Y tal estado alarmante es confirmado por el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano «más agredido directamente».
Recuerda VOX que el artículo 62 i) de la Constitución Española (CE) excluye expresamente los indultos generales, lo cual, «con un elemental criterio interpretativo a fortiori, implica asimismo la exclusión de la amnistía». Destaca además el texto registrado que es «evidente» que la falta de mención de la amnistía en la CE no se debe a un olvido, o a una omisión que pudiera equivaler a una aceptación potencial de una figura no expresamente prohibida. «La regla básica de la organización social según la cual lo que no está prohibido está permitido puede aplicarse a los particulares, pero no a los poderes públicos; y menos aún cuando se trata de una figura como la amnistía», puesto que compromete muchos de los principios básicos en que se asienta el orden constitucional.
El texto enumera una serie de artículos de la Carta Magna que son atacados por la ley de amnistía. Así, «está vulnerando claramente el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 CE»; lesiona además derechos fundamentales como el de libertad ideológica del artículo 16 de la Constitución; atenta contra la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias firmes del artículo 118 CE; y agrede el derecho fundamental de los representantes parlamentarios, reconocido en el artículo 23 CE.
Pero es además incompatible con el principio de Estado de Derecho del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y se aprecia «inmediatamente» al constatar su finalidad discriminatoria a favor de determinados delincuentes en función del interés político de los promotores de la norma.
En definitiva, «la proposición de ley de amnistía es una cínica y traidora moneda de cambio de Pedro Sánchez y de su partido para permanecer en el poder a cambio de los votos parlamentarios de los partidos separatistas catalanes».