Ignacio Garriga acusa a Aragonès de no respetar a las familias trabajadores porque su distancia con el catalán de a pie es infinita

VOX exige la dimisión inmediata de Laura Borràs "por corrupción y por uso partidista de las instituciones"

El presidente del grupo parlamentario de VOX en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado a los separatistas, durante la sesión de control al Govern, de hurtar a los catalanes desde las instituciones y de no representar a las familias trabajadoras porque «su distancia con el catalán de a pie es infinita». «Usan el dinero de los servicios públicos con fines partidistas, estafan a los catalanes, separatistas y no separatistas, y los condenan a vivir sin la red de protección que merecen», ha asegurado.

Ignacio Garriga ha pedido la dimisión inmediata de Laura Borràs por corrupción y uso partidista de las instituciones, y ha avisado a Aragonès de que este hecho tendrá “consecuencias muy serias para su gobierno”.

Desde VOX consideran que el presidente de la Generalitat «se niega a debatir de reindustrialización, de fanatismo climático, de seguridad o de islamización, creyendo que los problemas comunes son los que tienen sus compañeros de bancada, es decir, problemas de privilegiados».

Antonio Gallego: «El top manta contribuye a aumentar la economía sumergida»

Por su parte, el portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Cataluña, Antonio Gallego, ha exigido acabar con el top manta, una práctica «que contribuye a aumentar la economía sumergida y que precariza el trabajo» y la protección del comercio legal.

El top manta supuso un impacto negativo de 130 millones de euros durante el último verano antes de la pandemia según Pimec, «unos 130 millones que solo se contabilizaron en la ciudad de Barcelona y con la presencia de solo 900 manteros», ha explicado el diputado.

«No vamos a permitir que los manteros sigan degradando los principales focos turísticos y la imagen de Cataluña», ha sostenido Gallego en su pregunta de control a la consejera de Igualdad y Feminismos, Tània, Verge. Además también ha afirmado que esta práctica «promueve delitos a la propiedad intelectual por la venta de falsificaciones y pone en riesgo la salud de los consumidores con productos que no han pasado los pertinentes controles sanitarios».

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