Ante la falta de voluntad por parte de la Generalitat y el gobierno del Estado, VOX plantea soluciones para acabar con los colapsos de la AP-7 que están perjudicando enormemente a transportistas, a trabajadores, a familias, al turismo y a nuestro medioambiente. Ante la inacción de los gobiernos de la Generalitat, Joan Garriga, portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, ha exigido que, “con urgencia, se tomen medidas como liberalizar los peajes de la C-32 y acabar sus obras, poner en disposición un carril adicional para las horas con más concentración de coches, que se finalicen también las obras de la N-II y que se permita a los camiones circular tanto por la N-II como por la N-340”.
Así mismo, el partido ha iniciado una campaña de denuncia del enorme coste que supone para las familias trabajadoras los peajes aún vigentes en Cataluña, todos ellos dependientes de la Generalitat de Cataluña.
El partido cree indecente que un usuario de estas autopistas llegue a pagar casi 13 euros, como ocurre con los Túneles del Cadí o casi 12 euros como pasa en la autopista C-32, por utilizar una infraestructura pública necesaria. Tampoco que las familias trabajadoras estén desembolsando más de 8 euros por utilizar la Autopista de Montserrat o más de cuatro por los Túneles de Vallvidrera.
A su vez, VOX denuncia también que, mientras esto ocurre, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel Villaró, alto a cargo elegido a dedo dependiente de la Consellería de Interior, que ostenta Junts per Catalunya y que lidera Joan Ignasi Elena, esté cobrando 85.000 euros anuales del bolsillo de todos los catalanes.
