VOX ha reclamado al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, explicaciones claras sobre la conversación telefónica de 2017 que ha sido relacionada públicamente con una supuesta petición de drogas y ha considerado insuficientes los argumentos ofrecidos hasta ahora por el alcalde.
Viñuales ha negado “rotundamente” haber pedido drogas y sostiene que esa conclusión fue únicamente una interpretación realizada por los agentes investigadores. Asimismo, ha destacado que no fue investigado ni citado a declarar, “ni siquiera como testigo”, y ha anunciado acciones legales contra el autor de la información y, en su caso, contra el medio que la publicó.
Para la portavoz de VOX en Tarragona, Judith Gómez, estas explicaciones “no despejan la cuestión central que preocupa a los tarraconenses”. “Que Viñuales no fuera investigado, acusado o citado a declarar en aquel procedimiento es una cuestión judicial, pero no explica por sí misma qué dijo exactamente durante aquella llamada ni por qué los investigadores realizaron esa interpretación”, ha señalado.
Gómez considera que el alcalde debe explicar de manera directa el contenido y el contexto de la conversación: “Su defensa no puede limitarse a decir que no fue citado en un procedimiento. Si sostiene que la interpretación policial era incorrecta, lo que corresponde es aclarar qué se dijo realmente y cuál era el objeto de aquella llamada”.
Desde VOX reclaman además que Viñuales diferencie claramente entre la ausencia de actuaciones judiciales contra su persona y la controversia sobre el contenido de la conversación. “No haber sido investigado no equivale automáticamente a demostrar qué ocurrió en esa llamada. Son dos cuestiones distintas y el alcalde debe responder a ambas”, ha afirmado Gómez.
La portavoz ha concluido reclamando “máxima transparencia” al alcalde ante la gravedad de las informaciones publicadas: “Tarragona merece explicaciones completas, concretas y verificables. Viñuales ocupa la alcaldía y tiene la responsabilidad de aclarar cualquier información de esta naturaleza que afecte a la confianza de los ciudadanos en su máximo representante institucional”.
